Una tregua hasta después de las elecciones

Desde esta semana, el gobernador José Alperovich cuenta con una herramienta para avanzar en la lucha contra el empleo no registrado. La Ley 7.890 fue publicada en el Boletín Oficial y está vigente. Se trata de la modificación al Código Tributario, mediante la cual se endurecen las penas contra el empleo en negro, con multas de hasta $ 30.000 y con clausuras de entre tres y 10 días para aquellos que omitan declarar trabajadores.
Con ese instrumento jurídico, el Gobierno puede avanzar con los operativos de fiscalización ya que cuenta con una sólida base de datos sobre los nichos donde se concentra la mayor población de empleados no registrados de Tucumán.
Un informe oficial revela, por ejemplo, que el 67% de los obreros de la construcción no están declarados por sus contratistas o por las empresas de la actividad. Algo similar ocurre en el comercio, donde el empleo en negro registra valores superiores al 56,5% del total de trabajadores tomados, según el diagnóstico que está en el escritorio del gobernador José Alperovich y en el despacho de varios miembros del gabinete. Entre ambas actividades suman unos 31.000 trabajadores no registrados.
En la Dirección General de Rentas redoblaron los operativos de Inteligencia Fiscal, un área de la repartición que va cobrando poder en la medida en que avanzan las fiscalizaciones. Sus inspectores están realizando “visitas” a los negocios para establecer si se paga correctamente Salud Pública (impuesto al salario) y si hay tantos empleados como los declarados al fisco. Otro tanto ocurre con las industrias y con otros sectores de la economía de la provincia.
La moratoria de Rentas, según el Gobierno, es una oportunidad para declarar lo que aún permanece en negro o impago como la creciente deuda con el fisco que mantienen 318 grandes contribuyentes por un total de $ 122 millones, un monto equivalente a dos meses de recaudación.
El propio Alperovich había dado un plazo de entre 60 y 90 días para que los empresarios registren a sus trabajadores. Claro que esa tregua terminará después de las elecciones, para no perder capital político con decisiones que pueden acarrear consecuencias impopulares en el sector privado.