La Justicia y nuestra crisis democrática

La pérdida de significación de los partidos políticos como órganos entre la ciudadanía y los poderes republicanos ha llevado a la Cámara Nacional Electoral a tratar de consensuar medidas para reconstruir la gestión democrática en esas organizaciones, poniendo fin a "la democracia de candidatos" que actualmente predomina en el proceso preelectoral. Dicha resolución se conoció a poco de que LA GACETA publicase el 24 del corriente un editorial bajo el título "La reprobable estrategia del dedo presidencial", donde se señalaba el proceso de nominación de la candidatura mayor oficialista, culminación de una vasta serie de promociones. La Cámara resolvió convocar a las autoridades de 39 partidos nacionales, en fecha a definir antes de las elecciones del 28 de octubre, para precisar una agenda de debate. Como puede advertirse, no se trata de corregir la preocupante situación, sino de hallar un rumbo para tratar de recuperar valores fundamentales del sistema republicano. Recuerdan en sus fundamentos los camaristas Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corchera que la Constitución nacional en su reforma de 1994 estableció una democracia de partidos, y que los mismos están regulados por la ley orgánica 23.298, entre otras normas. De continuar la actual situación, consideran igualmente, deberán adoptarse medidas enérgicas o modificarse la Carta Magna.
"La voluntad política del pueblo se inicia en los partidos, sigue en la selección interna de candidatos y culmina con los comicios destinados a elegir autoridades nacionales", expresa esa resolución con un tono de obviedad no compartido en los hechos, salvo excepciones, por las dirigencias políticas en los poderes públicos y el llano. La situación es culminante pero de larga data, y los archivos de que la Cámara dispuso están por consiguiente desactualizados en razón de la escasa preocupación demostrada por ese fuero judicial. A nadie se le ocurriría actualmente sostener que el Partido Justicialista tiene 3,2 millones de afiliados y 2,5 la UCR, ni que el número de agrupaciones sea el que existía antes de la crisis de la Alianza. Tenía sin duda razón el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, al calificar a los partidos de "espacios miserables donde cada uno medra por su propia suerte", por más que estuviese muy lejos del espíritu constitucional, al promover una concertación plural con más perfil fascistoide que democrático.
La Cámara se propone discutir en su recuperación del tiempo perdido la necesidad de elecciones internas transparentes para elegir autoridades partidarias y candidatos, con los debidos mecanismos de supervisión. Claro que, si bien la cita de dirigentes para el análisis se producirá antes de las elecciones de octubre, nada impedirá que el proceso electivo nacional culmine bajo esas sombras de irregularidad que denuncia concreta o tácitamente, y que será una marca oscura sobre la calidad de los resultados de las urnas.
En vísperas de la última elección presidencial, el gobierno provisorio de Eduardo Duhalde debió adelantar su retirada entre el fragor de la crisis histórica, y dejó sin efecto los restos legales del sistema electivo. Nada se hizo después para restaurar las líneas constitucionales sino que, por el contrario, se avanzó en un institucionalismo paralelo y de hecho, al que la Cámara Nacional Electoral trata tardíamente de superar por antidemocrático. La incógnita es si los eventuales ganadores cuestionables del 28 de octubre cumplirán con un compromiso que el propio Congreso de la Nación desatendió.