No hay cómo limpiar las afrentas contra Alberdi

“El gran arte del gobierno es el arte de hacer amar a los pueblos la constitución y las leyes. Para que los pueblos la amen, es menester que la vean rodeada de prestigio y de esplendor, evitando en todo lo posible sus reformas, pues debemos remediar sus defectos no por la abrogación sino por la interpretación”. Juan Bautista Alberdi, en “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” (1852).

El australiano Warwick Legget sintió vergüenza ajena hasta tal punto por la suciedad de la plaza Alberdi, que decidió limpiarla. Su carácter de extranjero, y sus buenas intenciones, le impidieron notar que, con su acción, rompía la planificada coherencia del oficialismo. Porque las afrentas contra lo que el prócer tucumano representa van más allá de un paseo público descuidado. La memoria del prócer tucumano ha sido enlodada profundamente. Con una mugre que no se limpia con escobas.
Alberdi sentó las “Bases” de la Constitución nacional. Cimentó el constitucionalismo argentino. Su libro se publicó durante el año en el que Rosas había sido derrotado en la batalla de Caseros. Un ciclo histórico se cerraba, y el comprovinciano decidió que era tiempo de proponer ideas y valores para el proceso que comenzaba. Que era hora de advertir que la suerte de todos no podía estar en las manos de uno solo. “Nos hallamos en la necesidad de crear un gobierno general argentino y una constitución que sirva de regla de conducta a ese gobierno”, sentenció.
Esas reglas tenían que ver con el sistema de gobierno. Con la organización nacional maltrecha por las reyertas de “unitarios” y “federales”, Alberdi planteaba que debían respetarse las prerrogativas de la Nación, pero que también debía mantenerse la libertad de las provincias. Y, a la par, propugnaba la república como forma de gobierno. Es decir, poderes diferenciados, separados, igualados.
Contra semejante legado alzaron aquí la Constitución de 2006. Al igual que la plaza ensuciada tiene forma de plaza, ese digesto tiene las formalidades de una Carta Magna. Pero así como el paseo del que se apropiaron las alimañas es intransitable para el peatón, por la Ley de Leyes que modificó el alperovichismo no puede transitar un sistema representativo, republicano ni federal, como manda la Constitución nacional.
En rigor, la nueva Constitución provincial prácticamente entroniza al gobernador. Sólo puede ser sometido a juicio político por un número inalcanzable de legisladores. Y para echarlo haría falta otra mayoría imposible de parlamentarios. El no debe pedir licencia para hacer campaña electoral. El oficialismo argumenta -sin sonrojarse- que el Estado se paralizaría si él no estuviese. El Estado, parece, es él.
Miembros del Poder Ejecutivo (el vicegobernador y el fiscal de Estado) tienen copada la Junta Electoral Provincial, que se completa con sólo un miembro de la Justicia. Son los operadores políticos -legislativos o ejecutivos- los que, además, acaparan el mecanismo de selección y el de remoción de jueces. El sistema antijudicial pergeñado por los constituyentes, inspirados en los asados que el gobernador les daba de comer en su casa, se completa con la aniquilación de la igualdad objetiva de los poderes del Estado: para enjuiciar políticamente a la Corte, y removerla, hacen falta menos votos que en el caso del asador.
El proceso de extinción de la república se consolida, también, a partir de que el gobernador es legislador. En la anticonstitución promulgada el día 6, del mes 6, del año 6 se fija que él puede dictar decretos que tendrán vigencia de ley con el solo hecho de que la Legislatura nada haga con ellos en los siguientes 20 días hábiles. Es decir, habrá leyes aunque no funcione el poder al que le corresponde dictarlas.
En el plano cotidiano, el jefe del Ejecutivo ya predica como dueño de la Legislatura. Sus candidatos son los que saben lo que él quiere, con independencia de lo que el pueblo necesite. Y él va a rebanar al medio el presupuesto legislativo, aunque la Constitución diga que no le corresponde. Se ve: poco importa lo que dice la renovada edición de ese librito. Debilitarán el Poder Legislativo como poder, a cambio del engorde de sus futuros miembros, con dietas que representan el sueldo de un ministro, pero que en nada representan los salarios de los empleados públicos. Ni los haberes de los jubilados. Ni la miseria de los pobres, que son la mitad de la población. Eso sí, con lo que se ampute a la Cámara se asfaltarán calles, porque la democracia pavimentadora demanda cordones cuneta antes que calidad institucional.
Prima facie, pareciera un retorno al caudillismo, pero los caudillos -sin desconocer sus abusos- al menos se enfrentaban al centralismo. El 9 de julio pasado, justo para la conmemoración de la Independencia, convirtieron el mayor acto patrio en una rendición de pleitesía y sumisión a los patrones de la Nación. La misma Nación a la que las provincias tributan dependencia. La que, antes que obras, pareciera hacer negociados en el subtrópico.
“La mejor política (escribió el tucumano en el capítulo XXX de las “Bases”), la más eficaz para conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe; la política clara y simple de los hombres de bien, y no la política doble y hábil de los truhanes de categoría”. Pobre Warwick Legget. Debieron decirle que no se trataba de que la plaza estuviera sucia por un descuido oficial, sino de que, silenciosamente, estaban empezando a taparla. A sepultar toda memoria de Alberdi.