La quema de caña exige respuestas urgentes

Sucedió finalmente lo que todos sabían que iba a ocurrir. El jueves pasado, como como consecuencia del recrudecimiento de la quema de cañaverales, un directivo de Transnoa, la empresa transportadora de energía, advirtió que un apagón por incendio de los cañaverales dañaría las líneas de alta potencia que atraviesan la provincia y afectaría el suministro eléctrico en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. El ministro de Desarrollo Productivo le dijo a LA GACETA, en esa oportunidad, que el incendio de los cañaverales había sido realizado también por cañeros grandes, de manera que sabía quiénes eran los infractores a la Ley 6.253, que en su artículo 38 prohíbe la quema de caña como método auxiliar de la cosecha. Desde el Gobierno, se prometió reforzar controles y aplicar sanciones rigurosas, pero los anuncios no pudieron impedir que el domingo esta práctica antisocial, que ya lleva décadas y que afecta la salud de los tucumanos, se incrementara aún más.
El martes, el peligro de un apagón en Tucumán y en el resto de las provincias del NOA casi se concretó. Dos episodios ocasionados por la quema de caña y de pastizales sacaron de servicio líneas de alta tensión que confluyen en las centrales térmicas de El Bracho. Hacia el mediodía, según informó un directivo de Transnoa, las llamas producidas en un cañaveral cercano a la ruta 157 se propagaron y dañaron una línea de 500.000 voltios, lo que provocó que la región quedara aislada por 45 minutos del Sistema Interconectado Nacional. Los mecanismos previstos para estos incidentes evitaron que el apagón se generalizara. Luego, a las 14.23, un incendio en un sector de la localidad de San Andrés, a la vera de la ruta 9, dañó la línea que conecta El Bracho con Santiago del Estero, y generó una baja de tensión en esa provincia y en el sur tucumano durante media hora. La situación afectó la actividad febril de una papelera y de una algodonera; una de ellas anticipó que recurrirá a la Justicia. Además, unas 20 familias vivieron un estado de zozobra a causa del fuego.
En el marco de esta preocupante situación, el secretario provincial de Medio Ambiente afirmó que se notaba una mejora en la campaña antiquema que está impulsando el Gobierno y que la Dirección de Catastro se sumará a la tarea de control, para informar quiénes son los propietarios de las tierras donde se lleva a cabo esta práctica. Dijo también que, si el Poder Ejecutivo les prestara el helicóptero, podrían ver los frentes de quema en tiempo real y que llevará quince días corregir el reglamento de la Ley 6.253 para endurecer las sanciones, y prometió eliminar los artículos que benefician a los infractores. Pero más insólita aún fue la defensa de sus afiliados que esbozó la Unión Cañeros Independientes de Tucumán. Su titular atribuyó los incendios a los avatares de la naturaleza; rechazó que sean una práctica antigua y agregó que este tipo de quema apareció en los últimos años. Finalmente, pretendió que compartan las culpas la sociedad y el Estado con los cañeros. La entidad parece desconocer que, desde hace años, la Estación Experimental Obispo Colombres intenta concientizar a los productores para erradicar esta añeja práctica.
Por un lado, los productores no se sienten responsables, y por otro, parece absurdo que una repartición provincial deba pedirle al propio Gobierno un helicóptero para hacer los controles, y necesite de la colaboración a Catastro para identificar a los infractores. Les llevará además quince días modificar una ley; mientras tanto, seguirán prosperando las quemazones. Por lo visto, en esta provincia, al menos en lo que a este asunto se refiere, nadie quiere hacerse responsable de lo que hace y de lo que no hace, y perjudica así a la mayoría de los tucumanos.