Compromiso incumplido en la OIT

Van a hacer dos meses que el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se comprometió, en la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a convocar una reunión de partes para considerar la exigencia del organismo al Gobierno argentino de que otorgue personería gremial a todas las centrales sindicales y no con exclusividad a la Confederación General del Trabajo. Sin embargo, no se ha producido en ese orden ninguna novedad. La Ley de Asociaciones Profesionales -23.550- establece ese sistema de unicato o corporativo, contrariando el artículo 14 bis de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT y otras declaraciones internacionales incluidas en nuestra Carta Magna. El compromiso de la cartera laboral se produjo mientras la CGT se adhería formalmente a la candidatura oficialista para las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actitud que su secretario general, Hugo Moyano, acaba de reiterar respecto de la postulación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Esa declaración ha sido bienvenida en el Gobierno nacional y seguida por reuniones del Presidente y del ministro de Trabajo con el titular de la CGT para considerar la rebaja del Impuesto a las Ganancias, entre otras concesiones demandadas por la central obrera. La circunstancia permite prever que difícilmente aquel compromiso tenga andamiento entre el intercambio de favores políticos del tiempo electoral.
En el sistema democrático, la pluralidad sindical se manifiesta con posiciones políticas diversas por parte de las organizaciones gremiales que participan activamente en las competencias electorales. Esa posibilidad, más la libertad de asociación y de afiliación, asegura el respeto a la identidad política de los trabajadores. Por el contrario, en los regímenes laborales corporativos de personería excluyente, los afiliados son tácitos adherentes compulsivos a una ideología sin que se los consulte; este sigue siendo, precisamente, el caso argentino cuestionado en la OIT, y perdura más allá de los diferentes gobiernos constitucionales y de facto que se sucedieron desde hace más de medio siglo. A poco de asumir la presidencia de la Nación, Kirchner prometió revisar la situación de la Central de Trabajadores Argentinos, carente de esa personería, a pesar de contar con 1,7 millón de afiliados; mas la inmediata presión de la CGT lo obligó a desistir para evitar una ola de conflictos como la padecida por otros gobiernos que lo intentaron.
Tampoco la esposa del Presidente, como candidata a sucederlo, ha expresado algo más que ambigüedades, incluso en su disertación ante la OIT a poco de la declaración y del compromiso ministerial previos. La abstención oficialista es consecuente cuando se observa al secretario general de la CGT movilizando a su gremio de camioneros, en dúo con su hijo, para forzar traspasos a su sindicato desde otras organizaciones. Ese estilo corporativo le ha impedido a Moyano dejar a los asociados en libertad de adherirse al oficialismo, en lugar de someterlos al unicato cuya raíz histórica no es la Trade Union británica, sino la “forza del lavoro” mussoliniana.
El modelo tiene, por cierto, un perfil corruptivo que se manifiesta en canonjías y subsidios, testimoniales de cuán problemático será desarticularlo mientras los eslóganes sobre el tiempo nuevo se sostengan en tales evidencias. La CGT ha sido inclusive más sólida que el propio partido que la dio a luz, pues mediante la acción directa conserva el acceso al poder que aquel perdió.