22 Junio 2007
“Lo importante de esta causa es que se cierra un capítulo importante en la historia de la provincia. Es el primer paso para conocer y esclarecer qué pasó en Tucumán durante aquellos años. Tengo elementos suficientes para profundizar la investigación”. Esto reconoció ayer Daniel Bejas, que está a cargo del juzgado federal Nº 1 desde el 1 del corriente como consecuencia de la renuncia de Jorge Parache.
La definición está relacionada con la decisión de procesar en el carácter de presuntos autores -entre otros delitos- de homicidios, tormentos seguidos de muerte, genocidio y desapariciones en 65 casos a Antonio Bussi, Alberto Luis Cattáneo, Albino Mario Alberto Zimmerman y Luciano Benjamín Menéndez.
La decisión fue adoptada en el marco de la investigación por el funcionamiento de un campo de exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde, paradójicamente, los tres primeros militares retirados antes mencionados cumplen numerosas órdenes de prisión preventiva. En el lugar, incluso, habría tumbas comunes (el otro juez federal subrogante, Mario Racedo, investiga esto). Menéndez se encuentra en Córdoba, con arresto domiciliario.
Bejas se mostró proclive a que los procesados sean detenidos en las cárceles normales si sus estados de salud así lo permiten. No obstante, aclaró que, en el caso del ex gobernador Bussi, mientras los informes de los forenses lo recomienden, seguirá en el ex arsenal. También aclaró que ordenará un seguimiento periódico sobre la situación médica de los imputados.
Según el magistrado interino, los testimonios recabados fueron determinantes para que pudiera dictar la resolución. “Todo se reconstruyó a partir de ellos. El aparato represor destruyó la evidencia, pero están declarando todos los que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención”, explicó. Agregó que los planteos de la defensa contra esas exposiciones (en especial la de Juan Martín Martín) fueron desestimados.
Bejas también destacó que la necesidad de reconciliación y de mirar hacia adelante en materia de derechos humanos no significa olvidarse del pasado. “Sólo se lo puede hacer recordando lo que ocurrió, construyendo desde el conocimiento y reparando las heridas creadas; no es borrón y cuenta nueva”, justificó.
Definición técnica
El juez subrogante tampoco evitó explicar por qué había recurrido a la figura del genocidio. “Lo que caracteriza a este obrar es que el represor constituya a sus víctimas en grupo, como sujeto pasivo de la destrucción o eliminación. Es él quien las elige para un ataque destructivo, no la víctima, porque ningún ser humano carga con una estigma sea por su nacionalidad, etnia, religión, raza o creencia. Ellos (por los militares) definieron que todos los que estaban en contra del sistema represivo era un grupo, integrado por personas con origen bastante disperso y heterogéneo. Entraban todos los que pensaban distinto a quienes estaban en el poder”, destacó.
Otro expediente que preocupa a Bejas es el relacionado con el secuestro y desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, el primero en el que, durante octubre de 2003, Bussi recibió una orden de detención por violaciones a los derechos humanos en Tucumán. Auguró que hasta fines de este año podría disponer la elevación de la causa a juicio oral. Aclaró que, en el caso de que pudiera cumplir con el objetivo, las audiencias públicas podrían sustanciarse durante 2008 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
La definición está relacionada con la decisión de procesar en el carácter de presuntos autores -entre otros delitos- de homicidios, tormentos seguidos de muerte, genocidio y desapariciones en 65 casos a Antonio Bussi, Alberto Luis Cattáneo, Albino Mario Alberto Zimmerman y Luciano Benjamín Menéndez.
La decisión fue adoptada en el marco de la investigación por el funcionamiento de un campo de exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde, paradójicamente, los tres primeros militares retirados antes mencionados cumplen numerosas órdenes de prisión preventiva. En el lugar, incluso, habría tumbas comunes (el otro juez federal subrogante, Mario Racedo, investiga esto). Menéndez se encuentra en Córdoba, con arresto domiciliario.
Bejas se mostró proclive a que los procesados sean detenidos en las cárceles normales si sus estados de salud así lo permiten. No obstante, aclaró que, en el caso del ex gobernador Bussi, mientras los informes de los forenses lo recomienden, seguirá en el ex arsenal. También aclaró que ordenará un seguimiento periódico sobre la situación médica de los imputados.
Según el magistrado interino, los testimonios recabados fueron determinantes para que pudiera dictar la resolución. “Todo se reconstruyó a partir de ellos. El aparato represor destruyó la evidencia, pero están declarando todos los que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención”, explicó. Agregó que los planteos de la defensa contra esas exposiciones (en especial la de Juan Martín Martín) fueron desestimados.
Bejas también destacó que la necesidad de reconciliación y de mirar hacia adelante en materia de derechos humanos no significa olvidarse del pasado. “Sólo se lo puede hacer recordando lo que ocurrió, construyendo desde el conocimiento y reparando las heridas creadas; no es borrón y cuenta nueva”, justificó.
Definición técnica
El juez subrogante tampoco evitó explicar por qué había recurrido a la figura del genocidio. “Lo que caracteriza a este obrar es que el represor constituya a sus víctimas en grupo, como sujeto pasivo de la destrucción o eliminación. Es él quien las elige para un ataque destructivo, no la víctima, porque ningún ser humano carga con una estigma sea por su nacionalidad, etnia, religión, raza o creencia. Ellos (por los militares) definieron que todos los que estaban en contra del sistema represivo era un grupo, integrado por personas con origen bastante disperso y heterogéneo. Entraban todos los que pensaban distinto a quienes estaban en el poder”, destacó.
Otro expediente que preocupa a Bejas es el relacionado con el secuestro y desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, el primero en el que, durante octubre de 2003, Bussi recibió una orden de detención por violaciones a los derechos humanos en Tucumán. Auguró que hasta fines de este año podría disponer la elevación de la causa a juicio oral. Aclaró que, en el caso de que pudiera cumplir con el objetivo, las audiencias públicas podrían sustanciarse durante 2008 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
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