Alarmante vigencia del centralismo en el país

Después de tres meses de conflictos sociales con origen en la huelga docente, y generalizados en el sector público, la Legislatura de Santa Cruz sancionó por unanimidad, sin discusión y a libro cerrado, la ley que restablece el sistema de negociaciones paritarias de salarios remitida por el gobernador Daniel Peralta. El régimen de convenciones colectivas había sido dejado sin efecto hace 16 años, a poco de asumir la gobernación Néstor Kirchner, por cuya causa 42.000 empleados estatales percibían remuneraciones con reducidos básicos fijados oficialmente y asignaciones por presentismo que los diferenciaban del resto del país. Dos gobernadores debieron renunciar desde que Kirchner asumió la Presidencia de la Nación, y el tercero y actual, designado tras una sustitución de las autoridades en la Legislatura, llegó como negociador de la crisis y puso punto final al problema mediante el retroceso en la política salarial del sector público. Un retorno, como es notorio, ordenado desde la Casa Rosada y sin cuya determinación no habría sido posible. El caso de Santa Cruz, donde la reimplantación de paritarias siguió en consecuencia un trámite virtualmente automático, es otra demostración de un sistema de gobierno federal con fuerte tendencia unitaria que se ejerce hasta donde la resistencia social logra impedirlo.
Si alguna duda cabe de ello, bastará advertir que las discusiones que siguieron a la crisis santacruceña transcurrieron en el Ministerio de Trabajo de la Nación ante la carencia de autoridad demostrada por el Gobierno provincial, y que el resultado fue formalizado por la Legislatura de Río Gallegos por unanimidad y a libro cerrado. En la provincia del presidente Kirchner, pues, no se ha modificado lo sustancial sino el régimen de sueldos públicos, expresión de un presidencialismo extremado que se extiende a otros distritos merced  fundamentalmente al hecho de que dos de cada tres provincias superan el 70 % de sus financiaciones con recursos de la Nación. Durante su campaña electoral hacia la presidencia, el entonces gobernador de Santa Cruz se comprometió a enfrentar esa debilidad del federalismo real, cuya reforma dispuesta en la Convención Constituyente de 1994 no sólo está en espera, sino que no figuró en ninguno de los mensajes anuales al Congreso. Por el contrario, la concesión masiva de facultades al Poder Ejecutivo dio lugar a la poderosa caja presidencial que coopta la voluntad de las provincias con dificultades fiscales.
No podría afirmarse por ello que en Santa Cruz hizo crisis el presidencialismo, sino apenas alguna de sus políticas locales, por más que haya dejado una nueva experiencia social. A fin de cuentas, el presidencialismo hegemónico no tiene por única herramienta la autonómica disponibilidad de recursos mediante facultades legislativas. La crisis de los partidos políticos como intermediarios de la gestión ciudadana es el otro factor que el año electoral está exponiendo sin disimulos, por carencia de la oportuna reforma política prometida igualmente hace más de tres años y que ha provocado la dispersión de las mayores agrupaciones. Especialmente el que le permitió a Néstor Kirchner ejercer un presidencialismo sin precedentes desde la restauración constitucional. La “caja rosada”, más la carencia de una estructura partidaria organizada institucionalmente, le permiten, en suma, al Presidente resolver por sí mismo su reelección o la eventual sucesión por su esposa, como los hechos y el discurso oficial anticipan reiteradamente sin metáforas ni eufemismos.