19 Junio 2007 Seguir en 
Carlos Mayer, abogado defensor de Mario Alberto Murillo, dijo que existiría una organización más grande de lo que se piensa, detrás de la venta de certificados analíticos, diplomas y hasta de las cucardas con que la UNT reconoce a sus egresados cuando estos reciben sus diplomas.
"Es una organización muy fuerte, cuyos tentáculos llegan a distintas facultades, no sólo en la de Derecho, y en la que estarían actuando varias personas desde adentro de la Universidad. Un gestor llegaba hasta el candidato y le ofrecía el título con el correspondiente certificado analítico, el diploma y la cucarda incluidos; a mi defendido le mostraron un título de arquitecto el día en que le ofrecieron venderle uno de abogado; también habrían vendido títulos de ingenieros y hasta del secundario", dijo Mayer a LA GACETA, al consultársele acerca de la situación de su defendido.
El abogado aclaró que Murillo no falsificó título alguno, por lo que presentará pruebas para el cambio de calificación de la causa que lleva adelante el juez federal N0 2, Mario Racedo, que hasta el momento es usurpación de títulos y honores. "Toda la documentación que posee es original y lleva firmas autenticadas de las autoridades de la Universidad y de la Facultad de Derecho; esta situación nos lleva al siguiente paso: el de realizar una investigación profunda en el sistema informático de la UNT y de cada una de las casas de estudios", señaló Mayer.
Según el abogado, es llamativo que se den a conocer sólo dos nombres en la causa si existen, según él, cientos de casos. Incluso dijo que, de acuerdo con la información que maneja, figurarían en ese listado de presuntos profesionales truchos, un hijo de un ex magistrado y otro de uno actual.
Mayer dijo que Murillo prestó declaración el viernes, desde las 19 hasta la 1 el sábado, en el Juzgado Federal. Murillo había sido arrestado el miércoles a la noche en su casa de Yerba Buena, y al otro día la Policía Federal realizó un operativo en su "estudio jurídico", en una oficina de un edificio ubicado en calle 9 de Julio al 500.
El letrado señaló que el mismo día en que transcendió el caso de Miryam Bulacio (detenida una semana antes que Murillo), su defendido había decidido presentarse ante el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, para confesarle su situación. Pero era tarde. La Policía Federal lo arrestó antes. Fuentes judiciales dijeron que si se prueba que Murillo no falsificó el título y que sólo utilizó el documento para su beneficio, le correspondería una pena de dos años prisión de ejecución condicional. Si se comprueba que Murillo recibió dinero por su "trabajo" como abogado, la pena podría llegar hasta seis años.
"Tuve la oportunidad de intervenir en los casos de certificados truchos docentes, de la Secretaría de Educación, y me llama la atención que la descripción de la mujer que todos describían como el contacto clave para la obtención de certificados de cursos realizados coincide con la de la que hacen en el caso de titulaciones universitarias", indicó Mayer. Agregó: "supuestamente esta mujer estaría vinculada desde adentro con la UNT y el Ministerio de Educación". El abogado apeló a su memoria y recordó que hace un par de años se perdieron de la UNT cerca de 50 diplomas que estaban listos para ser completados. El letrado afirmó que tanto él como Murillo se encuentran a disposición de la Justicia Federal para aportar todas las pruebas que sean necesarias. "Somos los primeros interesados en que esto se aclare", dijo.
"Es una organización muy fuerte, cuyos tentáculos llegan a distintas facultades, no sólo en la de Derecho, y en la que estarían actuando varias personas desde adentro de la Universidad. Un gestor llegaba hasta el candidato y le ofrecía el título con el correspondiente certificado analítico, el diploma y la cucarda incluidos; a mi defendido le mostraron un título de arquitecto el día en que le ofrecieron venderle uno de abogado; también habrían vendido títulos de ingenieros y hasta del secundario", dijo Mayer a LA GACETA, al consultársele acerca de la situación de su defendido.
El abogado aclaró que Murillo no falsificó título alguno, por lo que presentará pruebas para el cambio de calificación de la causa que lleva adelante el juez federal N0 2, Mario Racedo, que hasta el momento es usurpación de títulos y honores. "Toda la documentación que posee es original y lleva firmas autenticadas de las autoridades de la Universidad y de la Facultad de Derecho; esta situación nos lleva al siguiente paso: el de realizar una investigación profunda en el sistema informático de la UNT y de cada una de las casas de estudios", señaló Mayer.
Según el abogado, es llamativo que se den a conocer sólo dos nombres en la causa si existen, según él, cientos de casos. Incluso dijo que, de acuerdo con la información que maneja, figurarían en ese listado de presuntos profesionales truchos, un hijo de un ex magistrado y otro de uno actual.
Mayer dijo que Murillo prestó declaración el viernes, desde las 19 hasta la 1 el sábado, en el Juzgado Federal. Murillo había sido arrestado el miércoles a la noche en su casa de Yerba Buena, y al otro día la Policía Federal realizó un operativo en su "estudio jurídico", en una oficina de un edificio ubicado en calle 9 de Julio al 500.
El letrado señaló que el mismo día en que transcendió el caso de Miryam Bulacio (detenida una semana antes que Murillo), su defendido había decidido presentarse ante el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, para confesarle su situación. Pero era tarde. La Policía Federal lo arrestó antes. Fuentes judiciales dijeron que si se prueba que Murillo no falsificó el título y que sólo utilizó el documento para su beneficio, le correspondería una pena de dos años prisión de ejecución condicional. Si se comprueba que Murillo recibió dinero por su "trabajo" como abogado, la pena podría llegar hasta seis años.
"Tuve la oportunidad de intervenir en los casos de certificados truchos docentes, de la Secretaría de Educación, y me llama la atención que la descripción de la mujer que todos describían como el contacto clave para la obtención de certificados de cursos realizados coincide con la de la que hacen en el caso de titulaciones universitarias", indicó Mayer. Agregó: "supuestamente esta mujer estaría vinculada desde adentro con la UNT y el Ministerio de Educación". El abogado apeló a su memoria y recordó que hace un par de años se perdieron de la UNT cerca de 50 diplomas que estaban listos para ser completados. El letrado afirmó que tanto él como Murillo se encuentran a disposición de la Justicia Federal para aportar todas las pruebas que sean necesarias. "Somos los primeros interesados en que esto se aclare", dijo.









