La punibilidad de lo no punible

La Iglesia Católica logró postergar el tratamiento legislativo de un proyecto de ley para reglamentar los abortos no punibles, a los que considera "ataques a la vida por nacer", a pesar de que están contemplados en el Código Penal.
Los obispos lograron su cometido a través de sugerencias por escrito a los diputados, que llevaron como idea fuerza el argumento de los derechos humanos, un punto sensible para el gobierno de Néstor Kirchner.
Si bien los representantes de la Cámara Baja dicen que no es habitual modificar tiempos de debate por presiones externas, esta vez prestaron especial atención al planteo episcopal. A esto se sumó un llamado de la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados, ordenando que se congelara por un tiempo el tratamiento de la iniciativa. Esta regula los abortos no punibles en el sistema sanitario, a fin de permitirlos sin autorización judicial en caso de violación o de que pongan en riesgo la salud de la madre.
"No es momento. Esperemos que la cosa decante. Igual, nuestra política sanitaria no va a cambiar un ápice", le transmitió un funcionario de Balcarce 50 a Alberto Balestrini, según reveló a DyN una fuente parlamentaria.
Los hombres de Iglesia se valieron como argumento legal de un fallo de la Corte Suprema que reconoció el derecho de una mujer a cobrar una indemnización por el asesinato de su nieta nonata durante la última dictadura militar.
El máximo tribunal basó su decisión en el Código Civil, que establece que las personas que, "no habiendo nacidas están concebidas en el seno materno", tienen ya derechos y obligaciones. Renglón clave en la prédica episcopal que la Corte puso de relieve, al ratificar que fueron dos y no una las personas asesinadas en un centro clandestino de detención en setiembre de 1976. Ana María del Carmen Pérez, militante montonera, y el hijo que llevaba en su vientre.
A pesar de que se logró frenar el proyecto, en el Episcopado reconocen que el aborto será motivo de discusión durante la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, sobre todo por la insistencia del ministro de Salud, Ginés González García, en abrir un debate en la sociedad sobre la despenalización de esta práctica.
Un reciente estudio de la cartera sanitaria reflejó que, a pesar de ser ilegal, en la Argentina se realizan entre 460.000 y 600.000 abortos anuales. Es decir, una interrupción voluntaria del embarazo por cada nacimiento. Pero el director del Instituto de Bióetica de la Universidad Católica Argentina, padre Alberto Bochatey, calificó en diálogo con DyN de "muy exagerada" la cifra y cuestionó el rigor científico del método (registros de egresos hospitalarios por complicaciones en abortos y encuestas) que utilizaron el Conicet y la UBA para hacer el relevamiento.
La preocupación de los obispos también está generada por otros proyectos, como el que elevó al Congreso una coalición de organizaciones civiles y de personalidades de la cultura para exigir -con el argumento del derecho de la mujer- la gratuidad de las intervenciones para interrumpir el embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación; o el que fomenta la anticoncepción de emergencia a través de la venta libre de la píldora del día después. En ese marco, los prelados no descartan, incluso -según pudo constatar DyN-, hacer una campaña, similar a la de agosto de 2006, para concientizar a los argentinos de que el aborto es "un crimen abominable contra una persona inocente" y advertir a la clase política que "no existe en la legislación argentina un derecho a causar la muerte de los propios hijos".