El caso de los letrados supuestamente falsos

El 19 de febrero pasado, luego de que una auditoría interna detectó 97 casos de alumnos que no habían rendido o que habían desaprobado materias en condición de libres, pero figuraban aprobados en el listado informático del Departamento Alumnos, las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT presentaron ante la Justicia Federal una denuncia sobre las irregularidades encontradas. La investigación siguió su curso a lo largo de estos meses y, según informamos hace pocos días, próximamente comenzarán a declarar los alumnos en cuyas notas se detectaron presuntas irregularidades, y que suman 67. Esos estudiantes no pueden cursar ni rendir las materias correlativas de las asignaturas cuya calificación está en duda. El fiscal federal, que se ocupa de la causa, solicitó a la Facultad que le girara un informe sobre cómo funcionaba el sistema informático, que tenía cuatro niveles de acceso: uno al que sólo podía ingresar el alumno con su clave; otro al que accedían el decano y el vice, que podían ver las calificaciones, pero no modificarlas; un tercer nivel al que podían acceder algunos no docentes, y modificar el sistema, y un cuatro nivel -el del administrador- con acceso irrestricto al sistema. En diversas oportunidades, las autoridades de esa casa de altos estudios expresaron su voluntad de profundizar la investigación hasta hallar a los responsables.
El 8 de junio pasado, el Colegio de Abogados presentó una denuncia penal contra una mujer por usurpación de título y ejercicio ilegal de la abogacía. Según el legajo personal, la acusada había solicitado la obtención de la matrícula de abogada el 18 de noviembre de 2004. Había presentado un título expedido por la Facultad de Derecho de la UNT, el diploma con el número de registro 5378, un certificado analítico de estudios, fotocopias del DNI y fotografías para obtener el carnet profesional. Las autoridades de la Facultad informaron que la mujer no se hallaba registrada como egresada de esa casa, que figuraba como alumna inactiva de la carrera y que había aprobado sólo dos materias.
El miércoles pasado, la entidad que nuclea a los letrados efectuó otra denuncia en la Justicia Federal contra otro supuesto abogado falso que se matriculó en la institución en 2005 con un título universitario y con un certificado analítico expedidos por la Facultad de Derecho de la UNT. También en este caso, las autoridades de esa casa de estudios informaron que la persona en cuestión nunca había egresado de la casa y que tampoco habían emitido ni el título ni el certificado analítico. El titular del Colegio de Abogados declaró que las personas acusadas habían logrado sortear temporariamente los controles, que pero era una cuestión de tiempo que los descubrieran, y afirmó que seguirán investigando y analizando los padrones.
Que se haya detectado la existencia de dos supuestos letrados falsos -y la sospecha de que otros pueden llegar a aparecer más adelante- genera, por un lado, la sensación positiva de que los controles han salido de su letargo y han comenzado a funcionar, tanto en el nivel de la colegiatura como en de la Justicia. Pero, por otra parte, se crea la incertidumbre acerca de cuántos títulos apócrifos o falsos profesionales puede haber en Tucumán, y no sólo en en el campo de la abogacía. Parecería entonces auspicioso que todos los colegios profesionales y los organismos estatales extremen sus controles, para que casos como estos no se produzcan, e intercambien datos con las facultades o universidades donde se graduaron los profesionales. Sería un modo de fortalecer las instituciones y de tranquilizar a la sociedad.