Cuando cae la tarde, El Chañar, por momentos, asume rasgos de pueblo fantasma. La plaza esta prácticamente a oscuras: las pocas farolas que encienden emiten una luz tenue. Hay bancos rotos. La caminería no está en el mejor estado. Y una de las calles que la rodean muestra baches ineludibles. A pesar de que frente al paseo se ubica el edificio de la delegación rural. Cerrado. Y a oscuras.
En ese contexto, buscar a la presunta empleada fantasma de la comuna es una tarea ímproba. Seis vecinos consultados por LA GACETA, en negocios o en casas, no conocen a ninguna Lucía López Jiménez. Sin embargo, el 2 de enero, la mujer cuyo DNI es 1.973.951 pero que no figura ni siquiera en los registros de la Justicia Electoral Nacional, fue designada empleada con categoría 15, por el entonces delegado Enrique Ignacio Robles. Este fue detenido el 23 de ese mes en el marco de una causa que investiga presuntas designaciones irregulares durante su gestión.
Justamente, como el nombramiento de una persona supuestamente inexistente afecta a la comuna, los vecinos prefieren no ser citados con sus nombres. En cambio, el interventor Carlos Salazar sí dialoga con este diario y, luego de confirmar que, efectivamente, había un sueldo para la mujer que no existiría, se suma a la lista de quienes nunca la vieron.
"Me hice cargo de la comuna el 25 de enero y; apenas asumí, di de baja a todo el personal de gabinete que había designado Robles mientras se desempeñaba como delegado comunal. Creo que ese mismo día, llegaron los tickets con los que se paga parte del sueldo del personal. Y llegaron los que correspondían a la mujer que menciona la denuncia. Sin embargo, nunca la vi. Y los valores, por supuesto, fueron devueltos", manifestó el funcionario. "Todo eso corresponde a una gestión anterior. No conocía al personal. No sé si esa señora existe o no", aclara.
"Tampoco contamos con papeles para corroborar si prestaba tareas. Todo fue secuestrado por la Justicia. La semana próxima, presentaré una nota solicitando que nos devuelvan los archivos, porque siento perjudicada mi tarea. Por ejemplo, hay gente que reclama deudas trayendo documentación de la que nosotros no tenemos constancia. Alguna respuesta debemos darles a esos proveedores", precisó.
Salazar agregó que cuenta con un acta del Tribunal de Cuentas que certifica esa situación.
En ese contexto, buscar a la presunta empleada fantasma de la comuna es una tarea ímproba. Seis vecinos consultados por LA GACETA, en negocios o en casas, no conocen a ninguna Lucía López Jiménez. Sin embargo, el 2 de enero, la mujer cuyo DNI es 1.973.951 pero que no figura ni siquiera en los registros de la Justicia Electoral Nacional, fue designada empleada con categoría 15, por el entonces delegado Enrique Ignacio Robles. Este fue detenido el 23 de ese mes en el marco de una causa que investiga presuntas designaciones irregulares durante su gestión.
Justamente, como el nombramiento de una persona supuestamente inexistente afecta a la comuna, los vecinos prefieren no ser citados con sus nombres. En cambio, el interventor Carlos Salazar sí dialoga con este diario y, luego de confirmar que, efectivamente, había un sueldo para la mujer que no existiría, se suma a la lista de quienes nunca la vieron.
"Me hice cargo de la comuna el 25 de enero y; apenas asumí, di de baja a todo el personal de gabinete que había designado Robles mientras se desempeñaba como delegado comunal. Creo que ese mismo día, llegaron los tickets con los que se paga parte del sueldo del personal. Y llegaron los que correspondían a la mujer que menciona la denuncia. Sin embargo, nunca la vi. Y los valores, por supuesto, fueron devueltos", manifestó el funcionario. "Todo eso corresponde a una gestión anterior. No conocía al personal. No sé si esa señora existe o no", aclara.
"Tampoco contamos con papeles para corroborar si prestaba tareas. Todo fue secuestrado por la Justicia. La semana próxima, presentaré una nota solicitando que nos devuelvan los archivos, porque siento perjudicada mi tarea. Por ejemplo, hay gente que reclama deudas trayendo documentación de la que nosotros no tenemos constancia. Alguna respuesta debemos darles a esos proveedores", precisó.
Salazar agregó que cuenta con un acta del Tribunal de Cuentas que certifica esa situación.







