Ratifican la denuncia por el faltante de $ 3 millones

El interventor de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Raúl Basilio, ratificó ayer la denuncia penal presentada en la Justicia por el presunto desfalco de $ 3 millones registrado en la repartición, tras la realización de una auditoría dispuesta por el Poder Ejecutivo.
El funcionario se reunió con el fiscal penal de la IV Nominación, Carlos Sale, quien recibió el expediente. A partir de esta ratificación, el funcionario judicial puede comenzar a investigar formalmente. Por ello, la causa no registra todavía avances importantes.
El primer paso sería determinar la competencia del fiscal para entender en el caso, ya que la denuncia se refiere a un delito de acción continuada que se habría estado concretando durante los últimos tres o cuatro años, con una operatoria irregular de salida de dinero de la DPV sin el destino correspondiente, sin la acreditación de los gastos realizados o en pagos en exceso en favor de la mutual y del sindicato de los trabajadores viales. Para determinar esta situación, el fiscal Sale estaría relevando la documentación aportada sobre el faltante, ya que tiene que establecer la fecha del primer hecho, que es la que fija quién debe actuar en la investigación judicial.
La denuncia no identificaría con nombre y apellido a los principales dirigentes del gremio y de la mutual que estaban en cargos de conducción durante el período bajo análisis: el actual secretario general Manuel Palavecino y su antecesor, el legislador José Teri, fuertemente enfrentados desde 2004 luego de haber compartido lista y gestión.
Desde el sector de Palavecino se apersonaron en Tribunales para ponerse a disposición de la Justicia y desmentir todas las acusaciones. Inclusive, presentaron un escrito a través del cual plantean las contradicciones de Basilio entre las declaraciones periodísticas en las cuales vincula a las instituciones de los trabajadores en los hechos, y la respuesta a la carta documento que le enviaron para que ratifique o rectifique sus dichos, en la que afirma no haber injuriado a nadie.

El caso de Teri
Teri, en tanto, espera novedades ya que, si el fiscal quiere investigarlo, deberá pedir su desafuero. El presidente del bloque de legisladores del Partido Justicialista, Rodolfo Ocaranza, señaló que no hubo todavía ningún pedido de la Justicia y salió a respaldar firmemente a su par de bancada. “Estoy seguro de que las denuncias no le van a generar ningún problema adicional; por el contrario, es una buena ocasión para aclarar todo y para que se deslinden las responsabilidades sobre lo que ocurrió”, afirmó.
“No me preocupa lo que trascendió sobre Teri en la medida en que las actuaciones están en el Poder Judicial, donde deben sustanciarse. Confío plenamente en él, así como lo hice oportunamente hace dos años, cuando le di mi apoyo en una sesión de Cámara; se lo reitero ahora como legislador y como persona que conozco”, aseveró.
La sesión a la que se refirió Ocaranza tuvo lugar el 5 de mayo de 2005, luego de que los sectores de Teri y de Palavecino se enfrentaran violentamente a golpes de puño en la puerta del sindicato vial (hubo personas heridas), en medio de la disputa por la conducción. En esa deliberación parlamentaria, la mayoría de los legisladores del jurismo y de la oposición avalaron a Teri, quien pretendía reasumir como secretario general gracias a una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. En la oportunidad, el legislador reconoció que concurría armado con una pistola a la Cámara y lanzó virulentas críticas contra José Alperovich. Hoy, Teri integra el sector más afín al gobernador.