Un problema que incumbe al país

Hace más de una de una década, cuando la Capital Federal comenzó a administrarse quedando a cargo del Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo bajo la restricción de la llamada Ley Cafiero -24.588-, que le impidió disponer de policía para preservar el orden público. Ello se produjo a despecho del artículo 104 inciso 14 de la Constitución metropolitana, que faculta al jefe de Gobierno para establecer la política de seguridad, conducir la Policía local e impartir las órdenes necesarias para resguardar la seguridad y el orden público. Desde entonces, jefes de Gobierno de la ciudad se sucedieron sin poder obtener una derogación o reforma de dicha ley para  asumir esa facultad constitucional.
   Resulta del todo improcedente exigir a una autoridad como el alcalde del único distrito urbano autónomo del país, donde residen casi tres millones de ciudadanos y entran o salen diariamente muchos centenares de miles, que mantenga el orden y la seguridad sin contar con una fuerza operativa adecuada. Ni siquiera la aplicación de una multa por infracción de tránsito u otra irregularidad se hace posible sin contar con un representante policial. Podrá pensarse que la inmediata autoridad federal puede hacerlo con sus medios, mas esa alternativa mantiene condicionada la acción del gobierno de la ciudad.
   En la situación sintéticamente expuesta reside otro de los graves problemas que crean las deficiencias institucionales que, en el caso de la Ley Cafiero, se han prolongado por una década y no el tiempo imprescindible requerido por la creación de un cuerpo de seguridad.
   La campaña electoral que concluirá el próximo domingo 14 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acumula así por ello otro conflicto con incidencia política en todo el país, pues a la posibilidad de que se imponga el amplio vencedor opositor de la primera vuelta en el ballottage, se ha agregado ese grave factor de perturbación. Por añadidura, la circunstancia llega precedida por un tiempo prolongado de desórdenes públicos en el tránsito, los transportes y la seguridad personal, frente al que las autoridades federales muy rara vez intervienen.
  El Gobierno local propuso por ello una consulta ciudadana en torno del problema de la Policía distrital, pero finalmente la postergó, a lo cual siguió un proyecto inspirado por el candidato del poder central, en el que se establece que la futura policía de la ciudad autónoma quedará condicionada por la negociación entre ambos gobiernos, el local y el federal.
   De nuevo, aunque muy probablemente, a juzgar por lo que la totalidad de las encuestas consignan, más la dura y sucia confrontación en que transcurre la campaña electoral, el problema de la Policía local dejaría al futuro jefe del Gobierno porteño fuertemente sometido al poder central. En tales circunstancias esa situación podría someter el orden y la seguridad del distrito metropolitano a un control incierto y difícilmente negociable que no puede ser resuelto por una mera Policía contravencional.
   Vista la condición en que transcurren las relaciones políticas en el país entre autoridades no afines en sus políticas, la perspectiva con que se observa al distrito federal no deja de ser perturbadora por su influencia nacional. Es por ello conveniente y necesario que se acuerde antes de la asunción de las futuras autoridades porteñas una fórmula que asegure relaciones como las previstas por ambas cartas constitucionales.