Fomentar la inversión; también la seguridad

La ley de Fomento a la Inversión durará el tiempo que le resta a esta gestión de gobierno. El veto parcial a la norma impulsada por el vicegobernador Fernando Juri constituye una señal de que en la Casa de Gobierno hay intenciones de rediseñar la iniciativa que propicia la instalación de industrias nuevas o de ampliación de las fábricas ya radicadas. Gobierno renovado, leyes acordes con la política a instrumentar hacia el futuro. Ese parece ser el lema del gobernador José Alperovich, que va por otro mandato con sello propio y hasta con compañero de fórmula distinto.
De hecho, la moratoria vigente es el prólogo de lo que sucederá después de octubre, si el oficialismo llega a ganar las elecciones en agosto. El plan de pagos tiende a poner blanco sobre negro, renovando los compromisos de los morosos de Rentas, sobre todo de los grandes contribuyentes (entiéndase empresas e industrias). Así, mirando el escenario postelectoral, contará con un padrón de empresarios que cumplen con el fisco. Podrá definir quiénes pueden ser sujetos de algunos de los beneficios fiscales de la futura ley o de la reglamentación de la ley Juri -como lo dijo el propio Alperovich-. Esto último sería el peor de los casos para el oficialismo.
En este proceso también se encuadra la campaña de persuasión que lanzará el Poder Ejecutivo, una vez que la Legislatura sancione la iniciativa que tiende a endurecer las penalidades contra aquellos sectores que generan trabajo no registrado. El gobernador dijo que esa campaña se extendería no más de 120 días, es decir, hasta fines de octubre, cuando se renueve el Gobierno en Tucumán.
Los incentivos al capital privado son tan importantes como la seguridad jurídica de que aquel que decide invertir en Tucumán sabrá que, en el futuro, el Gobierno no les modificará las reglas de juego. Pero, además, si el objetivo oficial es mejorar la condición socioeconómica de la población, las exenciones impositivas constituyen una herramienta viable para mejorar la oferta y la demanda de trabajo.
Desde ese punto de vista, a estas horas muchos productores de frutilla, de arándanos y de frutos del bosque, todas actividades productivas incipientes, se están preguntando qué harán si el Gobierno decide avanzar con la quita de la exención para el pago de Ingresos Brutos. Sostienen que una decisión en tal sentido corta en la raíz a sectores que encontraron una puerta abierta a la exportación, que generan empleos y que ahora están condenados a reconvertirse en minifundistas.

Fotografía socioeconómica
Los datos del primer trimestre, sólo para el Gran San Miguel de Tucumán, son una muestra elocuente de que, más allá de que porcentualmente los indicadores mejoran, es aún demasiada al población que carece de una red de contención económica.
A modo de ilustración, sirva recordar que el empleo no registrado afecta a 99.718 habitantes del aglomerado urbano. Para esa franja social, el futuro es tan negro como los salarios que perciben o como la desprotección que padecen, sin cobertura de una obra social y sin una jubilación. Si bien se trata de un fenómeno económico, no hay que perder de vista la arista social del caso. No se puede achacar toda la culpa a los empresarios, porque la inconducta también recae en las personas que, teniendo una empleada doméstica no la blanquean, o bien, el Estado no acciona contra aquellos sectores que alimentan la informalidad laboral.
A esos casi 100.000 trabajadores en negro hay que sumarles los 38.000 desocupados que, aunque están en una búsqueda permanente, no logran encontrar el trabajo deseado.
Para cambiar esa fotografía socioeconómica, Tucumán necesita rediseñar sus políticas fiscales, que no implican la caída de leyes vigentes por cuestiones meramente políticas. Simplemente se requiere voluntad del Gobierno y del sector privado para elaborar estrategias que tiendan a eliminar el empleo informal o bajar el desempleo con leyes estables. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama seguridad jurídica.