Por Redacción Política
15 Junio 2007
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La Justicia Federal los cita, pero ellos no aparecen. La resistencia de militares y gendarmes (retirados o en actividad) a concurrir a los tribunales para ser indagados en el marco de las causas por violaciones a los derechos humanos es uno de los problemas que enfrentan actualmente los magistrados encargados de impulsar los procesos.
Esta situación se produce en todo el país, pero tiene especial entidad en Tucumán, sobre todo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, que lleva adelante el juez federal subrogante Daniel Bejas. Desde los organismos defensores de los derechos humanos se reclama la adopción de una firme actitud para evitar esta virtual rebeldía, impedir la estrategia defensiva de los imputados (presentan certificados médicos particulares o hacen planteos sobre trámites, como la citación formal) y lograr avances en las pesquizas.
En este juicio fueron citados, hasta el momento, casi una decena de gendarmes de rango medio o bajo, pero ninguno acudió al despacho de Bejas. En cambio, quienes estuvieron en cargos de conducción (Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Mario Albino Zimmerman y Luis Cattáneo) ya fueron indagados y esperan un pronunciamiento del magistrado sobre su situación procesal en la acusación de genocidio, tormentos, desapariciones y asesinatos.
La Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos denunció ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados un aumento de hechos violentos, intimidaciones y agresiones directas sufridas en los últimos tiempos, y vincularon esas situaciones con un intento de entorpecer su labor.
Las acciones abarcan denuncias penales y persecuciones políticas, incluso por parte de autoridades provinciales y nacionales. Puntualmente, identificaron a Salta y a Mendoza como las provincias donde se produjeron los más graves incidentes, mientras que en Mar del Plata y en Córdoba detectaron un fortalecimiento de sectores vinculados a los gobiernos de facto.
Esta situación se produce en todo el país, pero tiene especial entidad en Tucumán, sobre todo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, que lleva adelante el juez federal subrogante Daniel Bejas. Desde los organismos defensores de los derechos humanos se reclama la adopción de una firme actitud para evitar esta virtual rebeldía, impedir la estrategia defensiva de los imputados (presentan certificados médicos particulares o hacen planteos sobre trámites, como la citación formal) y lograr avances en las pesquizas.
En este juicio fueron citados, hasta el momento, casi una decena de gendarmes de rango medio o bajo, pero ninguno acudió al despacho de Bejas. En cambio, quienes estuvieron en cargos de conducción (Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Mario Albino Zimmerman y Luis Cattáneo) ya fueron indagados y esperan un pronunciamiento del magistrado sobre su situación procesal en la acusación de genocidio, tormentos, desapariciones y asesinatos.
La Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos denunció ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados un aumento de hechos violentos, intimidaciones y agresiones directas sufridas en los últimos tiempos, y vincularon esas situaciones con un intento de entorpecer su labor.
Las acciones abarcan denuncias penales y persecuciones políticas, incluso por parte de autoridades provinciales y nacionales. Puntualmente, identificaron a Salta y a Mendoza como las provincias donde se produjeron los más graves incidentes, mientras que en Mar del Plata y en Córdoba detectaron un fortalecimiento de sectores vinculados a los gobiernos de facto.
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