Enrique Ignacio Robles ejerció el cargo de comisionado rural de El Chañar hasta el 23 de enero pasado. Ese día fue detenido, junto con su hermana, María Argelia, quien por entonces se desempeñaba como la secretaria habilitada de la comuna. La medida había sido dispuesta por el juez penal de la I Nominación, Alfonso Zottoli, por pedido del fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera.
Ambos estaban denunciados como los presuntos reponsables de supuestas designaciones irregulares en la administración que tenían a cargo. Luego de la detención, el gobernador, José Alperovich, dispuso la intervención de la delegación rural, al frente de la cual puso a Carlos Salazar. Este último había sido derrotado por Robles en los comicios de 2003, cuando fue candidato a comisionado por el Frente Fundacional.
La causa contra el ex delegado comunal tuvo como origen la denuncia de Ramón Antonio Ablanedo y de Juan Carlos González. Los vecinos, patrocinados por el abogado Gustavo Morales, aseguraron que realizaban tareas de albañilería en la casa del comisionado y en la de la madre. A cambio -afirmaron- cobraban en negro $150, mientras -sin saberlo- figuraban como contratados por montos varias veces superiores. Se enteraron de estas designaciones cuando no pudieron cobrar un plan social para desocupados porque, justamente, aparecían los aportes correspondientes en la Anses.
Robles permaneció detenido hasta el 20 de abril, pero es investigado por la presunta comisión de los delitos de peculado y de defraudación. Su hermana recuperó la libertad el 31 de enero: la Justicia la acusó de ser presunta autora de peculado culposo, y no le dictó prisión preventiva.
Ambos estaban denunciados como los presuntos reponsables de supuestas designaciones irregulares en la administración que tenían a cargo. Luego de la detención, el gobernador, José Alperovich, dispuso la intervención de la delegación rural, al frente de la cual puso a Carlos Salazar. Este último había sido derrotado por Robles en los comicios de 2003, cuando fue candidato a comisionado por el Frente Fundacional.
La causa contra el ex delegado comunal tuvo como origen la denuncia de Ramón Antonio Ablanedo y de Juan Carlos González. Los vecinos, patrocinados por el abogado Gustavo Morales, aseguraron que realizaban tareas de albañilería en la casa del comisionado y en la de la madre. A cambio -afirmaron- cobraban en negro $150, mientras -sin saberlo- figuraban como contratados por montos varias veces superiores. Se enteraron de estas designaciones cuando no pudieron cobrar un plan social para desocupados porque, justamente, aparecían los aportes correspondientes en la Anses.
Robles permaneció detenido hasta el 20 de abril, pero es investigado por la presunta comisión de los delitos de peculado y de defraudación. Su hermana recuperó la libertad el 31 de enero: la Justicia la acusó de ser presunta autora de peculado culposo, y no le dictó prisión preventiva.








