La degradación del sistema democrático

El presidente de la Nación ha manifestado en un acto proselitista que la dignidad es uno de los valores fundamentales del ministro de Educación, Daniel Filmus, como candidato a jefe del Gobierno autónomo porteño. Sin embargo, la Ley de Etica Pública dispone que debió renunciar o solicitar licencia para realizar su campaña electoral. Por otra parte, los actos políticos de ese integrante del gabinete nacional suelen coincidir con otros de gobierno y se mezclan  ambas finalidades sin discriminación de sus costos, lo que resulta difícil controlar a la autoridad de aplicación sobre el uso de recursos partidarios. Algo semejante aconteció con el ministro de Salud, Ginés González García, que realizó la campaña de diputado sin alejarse de sus funciones.
   Otro testimonio no menor es el del vicepresidente de la República, Daniel Scioli, cuya candidatura a gobernador de Buenos Aires sostiene el Presidente sin reparar en que, además, viola el Código Electoral de la Nación, que establece el límite de campaña presidencial en 90 días. Según informaciones hechas públicas, Scioli realizó desde el 1° de enero alrededor de 35 incursiones por la provincia, muchas de ellas junto a Kirchner, cargadas de retórica proselitista, pero esas urnas se abrirán en octubre.
   La ley de ética pública prohíbe que en la publicidad oficial consten “nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”; pero una recorrida por muy diversos lugares del país permite comprobar aquel dicho popular según el cual, hecha la ley, hecha la trampa. Es difícil que a un político o a un funcionario se le ocurra denunciar ante la Justicia Electoral cualquiera de esas violaciones; tan sólo de vez en cuando aparece algún ciudadano que lo hace, cumpliendo con un deber cívico que muy rara vez es atendido. Entre esa realidad legal y los comportamientos de sus protagonistas media una impunidad agravada por el hecho de tratarse de quienes tienen responsabilidades públicas y deberían exponer conductas ejemplares. Si el sufragio es la institución mediante la cual el ciudadano designa a sus representantes en la gestión pública, lo menos que cabe exigir es que esas representaciones sean ejercidas con la dignidad propia de tal función, en cuyo caso no se corresponde con ello ese modelo manipulador de irregularidades.
   A tal panorama, por lo demás, se suma otra serie de situaciones que hacen del año electoral un proceso afectado estructuralmente. A la situación precaria que atraviesan los grandes partidos se ha agregado la derogación del sistema de internas abiertas o primarias obligatorias, lo cual no permite el acceso de ciudadanos independientes a la selección de candidatos; ello convirtió las agrupaciones en aparatos de sus dirigencias. Es por ello que la recurrente discusión sobre la propiedad de las bancas legislativas llevó a la memorable interpretación del senador Miguel Angel Pichetto, según la cual, se halla sentado en la suya para cumplir con las órdenes del Poder Ejecutivo.
   Las mutaciones inesperadas en las instituciones parlamentarias nacional y provinciales han sido precisamente el fruto de una degradación de nuestro sistema democrático que comenzó con la pérdida de condiciones éticas en el Poder Ejecutivo a partir de la crisis del milenio y se manifiestan en el actual año electoral con las situaciones expuestas. Es decir, que está fuertemente afectada la representación ciudadana como protagonista del sistema democrático.