La Justicia puede investigar a Teri por un presunto desfalco

La investigación penal sobre el presunto faltante de $ 3 millones en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo del fiscal penal de la IV Nominación, Carlos Sale, puede llegar a rozar al legislador alperovichista y ex dirigente del gremio vial, José Teri.
La denuncia efectuada la semana pasada por el interventor de la DPV, Raúl Basilio, se basó en una auditoría realizada en la repartición que determinó la existencia de una maniobra tendiente al desvío de recursos públicos. Según las declaraciones del funcionario, algunos de esos fondos habrían sido librados en favor de la Mutual y del Sindicato del Personal de Vialidad, en sobregiros emitidos como anticipo de cuotas sociales, aportes y pago de compras realizadas en comercios.
El período auditado abarcará los últimos cuatro años, tiempo durante el cual las estructuras del gremio y de la mutual estuvieron sacudidas por fuertes enfrentamientos (incluso, algunos hechos violentos que derivaron en presentaciones penales tanto en Tucumán como en la Capital Federal) entre los sectores liderados por el propio Teri y por el actual secretario general sindical y ex hombre de confianza del legislador, Manuel Palavecino.
La pelea llegó al extremo de que Palavecino logró controlar el funcionamiento del gremio, mientras que Teri seguía al frente de la mutual. Esta situación se mantuvo hasta fines de 2005, cuando el legislador abandonó ese cargo y Palavecino acumuló ambas funciones, situación que aún se mantiene. A fines de 2006, el dirigente sindical fue elegido al frente del gremio vial por el voto directo de los afiliados.
Teri, sin embargo, desestimó la versión y afirmó que desconoce cualquier hecho irregular durante su gestión al frente del sindicato. "No tengo nada que ver; es una investigación que hizo el Ejecutivo a pedido del interventor. Por qué me tienen que involucrar a mí", se quejó el parlamentario. "Hay que dejar que la Justicia actúe y determine lo que sea correcto. Nadie se tiene que poner colorado por una investigación; hay que someterse a la Justicia", insistió.

La maniobra
Durante el lapso bajo pesquisa se habrían producido las salidas de dinero rumbo a las estructuras de los trabajadores viales, mediante cheques emitidos por la DPV. Pero fuentes judiciales confiaron a LA GACETA que no todo el monto denunciado por Basilio habría tenido ese destino, ya que se calcula que entre una tercera y una cuarta parte del faltante consistiría en anticipos internos otorgados a funcionarios y empleados para gastos corrientes o extraordinarios, que no tuvieron la respectiva rendición de cuentas, en tiempo y forma correspondiente. Por esta causa, aún no pudo comprobarse el destino del dinero.
Trascendió además que, entre 2004 y principios de 2006, estuvo cortado el código de descuentos por planilla para las instituciones de los empleados viales; y que el pago de las cuotas los afiliados se hacía por ventanilla o mediante cobradores particulares. De confirmarse esta hipótesis, la repartición no podría haber emitido cheques ni estos ser cobrados por la mutual o por el gremio. En la Fiscalía tampoco se descarta un desfalco interno.
Si el fiscal Sale entiende que Teri debe ser investigado, deberá proceder a pedir su desafuero al juez penal de turno, el que analizará el planteo y, de considerarlo pertinente, lo tendrá que solicitar a la Legislatura.
Este es el mecanismo que dispone el artículo 64 de la Constitución provincial. "Ante el pedido de desafuero formulado por un juez, la Legislatura deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, dentro de los quince días de recibido. Si pasare este tiempo sin que haya pronunciamiento, se entenderá concedido", sostiene la norma. Agrega que la denegatoria debe ser fundada y votada nominalmente por la mayoría absoluta de los legisladores (mitad más uno del total). En el texto se aclara que "el desafuero implica el total sometimiento a la jurisdicción, pero no involucrará, por sí solo, ni la destitución ni la suspensión" del legislador en su cargo.