Denuncian que en el Sepapys litigan con resoluciones falsas

La sospecha de que existen resoluciones mellizas en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) cobró ayer cariz de certeza, a partir de las pruebas aportadas por el legislador Alejandro Sangenis (MP3) a la Justicia. (ver "Investigan...")
La documentación que el opositor entregó en la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación, a cargo de Guillermo Herrera, plantea una situación sumamente grave para la intervención del ente autárquico, puesto que el documento que sería apócrifo consiste nada menos que en un poder que faculta a un abogado del ente a determinar las deudas de usuarios de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). Y ese letrado, Juan Alberto Caligari, es el jefe del Departamento Jurídico, quien fue ascendido al cargo de subinterventor por el gobernador José Alperovich el 21 de mayo, día en que LA GACETA, precisamente, daba a conocer que se habían reactivado una causa judicial en en contra de este funcionario.

Los elementos
Sangenis presentó, por un lado, una copia de las páginas 12 y 13 del libro de resoluciones del Sepapys de 1997, de acuerdo con la copia de la declaración testimonial que brindó ayer. Allí aparece, con fecha 17 de enero de ese año, la resolución 0028, que refiere al contrato firmado por el ya fallecido médico César René Dantur.
Esa disposición dispone el pago de $ 800, en concepto de honorarios, para el facultativo, tal como lo confirma la orden de pago 0037, de fecha 21 de enero de 1997, a la cual tuvo acceso, por aparte, LA GACETA.
Paralelamente, Sangenis entregó en la Fiscalía X, una copia de lo que él presentó como "la posible resolución melliza". También está numerada como 0028, y fechada el 17 de enero de 1997. Su texto, sin embargo, nada tiene que ver con "hacer uso de la opción de dos meses" del contrato de Dantur, como dice la copia del libro de resoluciones del Sepapys.
El artículo 1 de la "otra" resolución 0028 dice: "Facultar al Dr. Juan Alberto Caligari, agente de este organismo, a suscribir las boletas de deuda, base de las demandas de apremio a iniciar por ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán" (sic).
La confección de boletas a la que refiere la resolución consiste en calcular el monto de la deuda de un contribuyente de la ex Dipos y se convierte en el título de ejecución con que cuenta el Estado para reclamar el pago. Si resultase que el letrado que suscribe las boletas de deuda no está debidamente facultado para ello, mediante un instrumento idóneo, esos título serían nulos.
Sangenis pidió al fiscal Herrera que secuestre el libro de resoluciones y el libro copiador del Sepapys, y solicitó que requiera al Poder Legislativo el legajo de Dantur: "el profesional fue transferido en carácter de empleado permanente a la Legislatura", manifestó en Tribunales.
En su declaración, el parlamentario pidió también que se cite al ex titular del Sepapys, Daniel Arancibia, para que diga si es su firma la que aparece en la resolución 0028 supuestamente apócrifa. Sangenis puso en duda la legitimidad de la rúbrica.


Las pruebas aportadas por el legislador Alejandro Sangenis sobre posibles resoluciones mellizas fueron tomadas como declaración testimonial en el cargo de la causa en que la Fiscalía X investiga presuntas irregularidades en la compra de bonos profesionales (son aranceles para litigar en Tribunales), por parte del jefe del Departamento Jurídico del Sepapys, Juan Alberto Caligari, quien desde el 21 de mayo se desempeña también como subinterventor del organismo.
La pesquisa fue abierta a partir de una querella promovida por dos sindicalistas del sector.
Lo llamativo del asunto es que el propio Caligari, en un expediente del Sepapys, consignó por escrito que prescribieron deudas de usuarios de la ex Dipos, por $ 53 millones, a causa de que el Sepapys, justamente, no le había provisto de los bonos profesionales para entablar demandas y para continuar con las iniciadas. Este argumento fue desmentido por la División de Contabilidad del ente autárquico.
Precisamente, son el Departamento Jurídico, y el Departamento de Gestión y Mora, los que informan internamente sobre el vencimiento de los plazos para reclamar el pago de los millonarios pasivos. Sin embargo, la intervención del Sepapys, a cargo de Angel Adrián Cúneo Vergés, no dictó una resolución oficilizando la prescripción.
Por esta situación, Cúneo Verges está denunciado, en la Fiscalía II, a cargo de Carlos Albaca, de la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos.