Investigan si hubo poderes falsos en el Sepapys

La investigación judicial sobre la prescripción de una deuda millonaria de particulares con la Provincia, ocurrida en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), derivó en una pista que torna cada vez más delicada la situación de algunos miembros de la intervención de ese ente. Tiene que ver con poderes supuestamente apócrifos con los que habría actuado un abogado del organismo para litigar en nombre del Estado.
El 14 de mayo, LA GACETA dio a conocer un expediente del Sepapys en el cual el Departamento de Gestión y Mora y el Departamento Jurídico informaban que habían vencido los plazos para reclamar el cobro de un pasivo de $ 53 millones de usuarios de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). El interventor, Angel Adrián Cúneo Vergés, aún no emitió una resolución oficializando ese hecho.
El director de Jurídico, Juan Alberto Caligari, justificó la prescripción en el hecho de que el Sepapys, según él, no le proveyó de los bonos profesionales para iniciar demandas o para continuar las ya entabladas. Ese argumento no sólo fue desmentido desde la División de Contabilidad, en el mismo expediente, sino que el propio Caligari enfrenta una querella de sindicalistas del sector, quienes lo acusan de ser el supuesto responsable de presuntas irregularidades en la compra, nada menos, que de bonos profesionales.
Según pudo averiguar LA GACETA de fuentes gremiales, la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación, a cargo del fiscal Guillermo Herrera, investiga ahora la posibilidad de que un abogado del Sepapys haya realizado gestiones para el cobro judicial de las deudas de usuarios de la ex Dipos considerándose facultado para ello por un instrumento administrativo que sería falso.
"Mediante un oficio, la Justicia pidió los originales de las resoluciones 1 a la 32 de 1997, y, particularmente, pidió que se certifique la autenticidad de la resolución 28", precisó la fuente.
Aparentemente, un letrado habría actuado en la confección de boletas de deuda de particulares que estaban en mora con la ex Dipos, sin estar debidamente apoderado para ello. La consecuencia es que los cálculos de pasivo que haya efectuado serían nulos y, por tanto, la provincia no tendría un título de ejecución válido con el cual reclamar el pago.
"La situación es bastante compleja. Hay explicaciones, por escrito, acerca de que el Sepapys no proveyó de bonos profesionales para litigar. Pero también está documentado que no hay pedidos (de compra de esos aranceles) que estén pendientes. Y, encima, hay una denuncia por (supuestas) irregularidades en la compra de esos aranceles, en contra de Caligari, que es quien denuncia que el Departamento Jurídico no tenía bonos. Y en el medio, hay deudas prescriptas por $ 53 millones. Así que (aparentemente) no hay un perjuicio contra el Estado, sino varios", sostuvo la fuente sindical.
Complementariamente, sostuvo que desde el Sepapys no se habría enviado aún toda la documentación que la Justicia solicitó el 29 de mayo. "Por ejemplo, no enviaron todavía el listado de los juicios entablados entre febrero y diciembre de 1998, que están directamente vinculados con la resolución 28 de 1997", puntualizó.