La Provincia audita al Sepapys y la Justicia exige documentos

La situación administrativa y judicial de las autoridades de la intervención del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) se torna cada vez más complicada.
Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la prescripción de millonarias deudas de usuarios con la ex Dipos, en la adquisición de bonos profesionales para litigar, y en la compra de combustibles para vehículos que se encuentran sin motor (fueron publicadas por LA GACETA desde el 14 de mayo), determinaron que la Dirección de Auditoría del Ministerio de Economía solicitara profusa documentación al interventor del ente, Angel Adrián Cúneo Vergés, mediante el expediente 1799/329-M/07.
Por un lado, se requirió el detalle del parque automotor y del estado de los vehículos, con fecha de ingreso y egreso del taller mecánico. El pedido incluye los procedimientos de entrega de vales de combustible y la nómina de responsables de su control.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo reclama la documentación respaldatoria sobre la compra de bonos profesionales, el estado de la deuda en gestión de cobro judicial, los montos de las deudas en juicio, y el estado de los procesos: deudas caídas, refinanciadas o canceladas por abogados.
La Dirección de Auditoría pide también las resoluciones que otorgan poder para actuar en juicios a cuatro abogados del Departamento Jurídico del Sepapys.
Esta solicitud coincide, nada menos, con el oficio judicial 761, por el cual la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación, a cargo de Guillermo Herrera. Se requiere a Cúneo Vergés, que remita los originales de 32 resoluciones de 1997 y especifica que en el caso de una de ellas (la número 28), debe adjuntarse también su autenticación. Estarían referidas a los poderes para los abogados para que gestionen el cobro judicial de deudas. A la par, se exige un listado de juicios de cobro a deudores de la ex Dipos, con los montos y el estado de las causas.
Fuentes del Sindicato de Trabajadores del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sitsepapys) aseveraron a LA GACETA que lo que la Justicia intenta determinar es la legitimidad de los poderes otorgados a los letrados, porque ellos debían confeccionar las "boletas de deuda", es decir, el cálculo de lo que debe el contribuyente, que es el título hábil con que cuenta luego el Estado para ejecutar. Si existen fallas formales, como por ejemplo que quien efectúe la "boleta de deuda" no esté facultado para esa tarea, el título nulo y, pasado un tiempo, prescribe la causa.

Gestión y Mora
Precisamente, de acuerdo con expedientes del Sepapys, las deudas de usuarios de la ex Dipos que prescribieron suman $ 53 millones. Esto fue informado por el Departamento de Gestión y Mora y por el Departamento Jurídico, pero no se emitió una resolución oficial al respecto.
El titular de Jurídico, Juan Alberto Caligari, explicó por nota que la prescripción se debía a que el Sepapys no proveyó de los bonos profesionales para encarar demandas o para entablar las ya iniciadas. Pero el argumento fue desmentido desde la división de Contabilidad del organismo.
Como agravante, Caligari está querellado (también en la Fiscalía X) por dos sindicalistas del Sitsepapys, quienes lo denunciaron presuntas irregularidades, justamente, en la compra de bonos profesionales. El oficio 761, precisamente, pide la remisión de los expedientes sobre esa compra.