El Grupo Alberdi pidió la derogación de la ley 7.142, denominada “Sistema de pago de Infraestructura -Activo por Activo” por considerar que se trata de una legislación a la que calificaron como “una puerta abierta para la corrupción”.
Esa solicitud está basada en que los intelectuales integran la Comisión Tucumana para el Cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción establecida por la Organización de los Estados Americanos. Con esa premisa, enviaron notas a los legisladores para que actúen en consecuencia.
El Grupo Alberdi hizo referencia a la ley “Activo por Activo” que autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar numerosas e importantes propiedades del Estado, incluso por el sistema de trueque, sin llamar a licitación pública como lo ordena la Constitución de la Provincia.
“Esa norma facultó, para tales efectos, la creación de un fideicomiso cuyos términos serían contractualmente determinados por un acuerdo entre la Caja Popular de Ahorros y el Gobierno, pero sucede que esta innecesaria creación no fue ‘convenida’ por las autoridades que por ley deben administrar y representar a la Caja Popular -advirtió el Grupo Alberdi-, sino entre el titular del Poder Ejecutivo y un interventor designado por él mismo, lo cual conduce a la nulidad del acto ya que no se cumple con el requisito del acuerdo de voluntades, al no estar debidamente representada la Caja Popular por su directorio”.
El petitorio fue firmado por Clímaco de la Peña, Elsa Moreno, Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche y Alfredo Bolsi. Además sugirieron que ha ocurrido un hecho más grave aún -señalaron en la nota-, que consiste en la creación de fideicomisos para la ejecución de obras públicas municipales, con préstamos de la Provincia, establecido por el decreto 113/3, lo que implica sin más la anulación total de la autonomía de los municipios.
Los legisladores José Costanzo (ex FR) y Roberto Palina (UCR) adoptaron el pedido del Grupo Alberdi y presentaron un proyecto para derogar la ley “Activo por Activo”. Los fundamentos de la iniciativa se corresponden a los expuestos por el Grupo Alberdi.
Esa solicitud está basada en que los intelectuales integran la Comisión Tucumana para el Cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción establecida por la Organización de los Estados Americanos. Con esa premisa, enviaron notas a los legisladores para que actúen en consecuencia.
El Grupo Alberdi hizo referencia a la ley “Activo por Activo” que autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar numerosas e importantes propiedades del Estado, incluso por el sistema de trueque, sin llamar a licitación pública como lo ordena la Constitución de la Provincia.
“Esa norma facultó, para tales efectos, la creación de un fideicomiso cuyos términos serían contractualmente determinados por un acuerdo entre la Caja Popular de Ahorros y el Gobierno, pero sucede que esta innecesaria creación no fue ‘convenida’ por las autoridades que por ley deben administrar y representar a la Caja Popular -advirtió el Grupo Alberdi-, sino entre el titular del Poder Ejecutivo y un interventor designado por él mismo, lo cual conduce a la nulidad del acto ya que no se cumple con el requisito del acuerdo de voluntades, al no estar debidamente representada la Caja Popular por su directorio”.
El petitorio fue firmado por Clímaco de la Peña, Elsa Moreno, Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche y Alfredo Bolsi. Además sugirieron que ha ocurrido un hecho más grave aún -señalaron en la nota-, que consiste en la creación de fideicomisos para la ejecución de obras públicas municipales, con préstamos de la Provincia, establecido por el decreto 113/3, lo que implica sin más la anulación total de la autonomía de los municipios.
Los legisladores José Costanzo (ex FR) y Roberto Palina (UCR) adoptaron el pedido del Grupo Alberdi y presentaron un proyecto para derogar la ley “Activo por Activo”. Los fundamentos de la iniciativa se corresponden a los expuestos por el Grupo Alberdi.







