Adiós a la inocencia

Cuando los vecinos de Tío Pujio, una localidad cordobesa alarmada por una ola de asaltos, pidieron que se haga por ley un registro de identificación de personas con causas penales, los juristas opinaron que no se debía legislar "desde el miedo", porque eso significaba involucionar y violar los derechos humanos y la Constitución. Pero la idea del "registro de forasteros" caló hondo y se vincula con inquietudes que surgen cuando algún hecho conmocionante sacude a la comunidad. Como ocurrió hace dos años cuando se destapó el caso de Aldo Chávez por abuso sexual y corrupción de menores, y como se reaviva ahora que se lleva a cabo el juicio contra este hombre que trabajó durante 17 años en el Siprosa (adscripto a Ceremonial de Casa de Gobierno) y en la Universidad Nacional de Tucumán. Las preguntas, con respecto a Chávez, hace dos años y ahora, son: ¿cómo es que nadie se dio cuenta, pese a que registraba antecedentes y una condena? ¿Había hecho falta un registro como el de Tío Pujio?
Dicen que la gente sí se daba cuenta. En las áreas donde trabajaba le decían "Tío Patilludo" (siempre rodeado por los sobrinos) y las bromas crueles circulaban. Pero nadie hacía nada. Hasta que estalló el escándalo. Entonces quedó en evidencia que el certificado de buena conducta que otorga la Policía (y que se exige como condición básica para ingresar a trabajar en el Estado) no sirvió de nada. Que el examen psicofísico que requiere la ley 5.473 para que una persona pueda trabajar en el Estado sirvió de poco, al menos en este caso. Que el registro de Sanciones que se creó en 2002 para analizar las inhabilitaciones de empleados públicos tampoco fue de utilidad. El hombre no sólo tenía dos trabajos en el Estado (algo incompatible) sino que cumplió una condena por estafa y nadie en el Siprosa se enteró. Tenía licencia sin goce de sueldo.

Revictimización
Así se llegó a los hechos que devastaron a varios chicos y a sus familias. Los relatos en el juicio son desgarradores. Chicos agredidos, violados, drogados, discriminados por la sociedad, sometidos a la desgracia de tener que volver a relatar ante los jueces sus padecimientos.
A eso se le llama "revictimización", y el Estado vuelve a mostrar falencias, porque no sólo no advirtió que había un sujeto de este tipo operando dentro de su estructura, sino que no protege a la víctima. Desde hace dos años hay una ley (7.545) para que se trabaje con "cámara Gesell" cuando se toman declaraciones a menores víctimas de violencia y abusos. Se los aísla para que no pasen vergüenza ni sean interferidos o influenciados, y se graba lo que declaran para que no tengan que pasar otra vez por ese tormento.
Pero en Tribunales no se ha construido esta cámara y a diario en los saturados juzgados de Familia se escucha, por ejemplo, en medio del gentío, los testimonios de criaturas tironeadas en las peleas de divorcio de sus padres. El hospital Obarrio tiene una cámara Gesell, pero la grabadora no funciona. Y los chicos que se animaron a denunciar a Chávez debieron volver a exponerse públicamente en Tribunales.
El legislador Jorge Mendía -inquieto, según dijo, ante lo que creyó que era la aparición de redes de pedofilia en nuestro medio- presentó hace dos años un proyecto de Defensor del Menor. ¿Es bueno o malo este proyecto? No se sabe. Nadie lo trata, así como nadie se preocupa por ver si se puede mejorar el funcionamiento de las cuatro defensorías de Menores de la capital, que están colapsadas. Apenas si se han creado las figuras de ayudantes fiscales para luchar contra el crecimiento geométrico de las causas penales. Pero los defensores de Menores siguen igual que hace décadas, atendiendo casos penales, civiles, de trabajo y hasta de enfermos mentales.

Discriminados sin registro
El Estado no está con las víctimas. Y así como no hace nada con adultos de peligro que saben cómo camuflarse dentro de las estructuras de la administración, aprovechando las deficiencias administrativas, tampoco sabe cómo actuar con los menores que delinquen, que merecerían no sólo atención para evitar daños a la comunidad, sino al menos la posibilidad de la resocialización.
Uno de los argumentos del Patronato de Liberados para que no haya "registro de forasteros" es que eso favorece la discriminación e impide la reinserción social del que purgó condena. Pero eso es lo que les pasa, sin que se haya creado el registro, a los menores que delinquieron y que quieren cambiar. O sea: el Estado no hizo lo suficiente para evitar que haya un Tío Patilludo en sus filas (tampoco sabe si hay otros), y del mismo modo hace poco para evitar que la sociedad sola empuje a esos chicos que ya delinquieron -que son más víctimas que victimarios- hacia una vida de violencia.
Las periferias de las ciudades hace surgir en cantidades a estos chicos (otro abandono del Estado: la seguridad). Los homicidios cometidos por menores superan un 30% la cifra del año pasado. Los casos de adolescentes con problemas con la ley son una de las preocupaciones centrales de policías y de jueces desde hace más de una década. Pero esas preocupaciones no se han traducido en políticas de seguridad.
"No es bueno que sea la gente la que diseñe la política criminal", dijo la jurista porteña Stella Maris Martínez, de la Defensoría General de la Nación. Pero lo característico, en todos estos años, ha sido legislar al estilo Blumberg: hacer leyes después de cada episodio conmocionante. Es la "inflación legislativa penal", de la que habló Alicia Noli al asumir como camarista subrogante.
Está por verse si esto ha servido de algo. Tucumán no ha modificado conductas en el Estado. El instituto Roca tiene pabellones nuevos, pero se siguen aplicando las viejas políticas represivas. Eso se ve en la denuncia por maltrato a menores que desde hace casi dos meses investiga el fiscal Guillermo Herrera, sin que hayan aparecido aún responsables.
Stella Maris Martínez agregó: "tampoco es bueno que el Gobierno no la escuche (a la gente)", con lo que se entiende el nudo de un círculo vicioso de terror. Se hacen leyes surgidas del miedo. Pero no se las aplica, o se las aplica en un contexto insuficiente. Y nada cambia. Tampoco se escucha el reclamo de la gente, porque la crisis de violencia con menores, por ejemplo, aumenta en lugar de disminuir.
¿Hacia dónde vamos? Nos falta un colchón, un puente entre el Estado que no hace y la gente que reclama, dice Martínez. Y este hueco es más grave cuando se trata del dolor de los chicos, tanto de los que son víctimas de delitos como de los que son empujados hacia una vida violenta. El novelista Scott Turow, autor de "Presuntamente inocente", define: "la identidad se forja con el dolor". Hacia ese futuro van esos chicos.