La oposición no asistió a los actos de juramento

En el lapso de un mes a partir de la sanción de la nueva Constitución provincial, la mayoría de los legisladores y concejales procedió a jurarla, en cumplimiento de lo dispuesto por los convencionales antes de dar por cerrados sus debates. En la mayoría de los casos, las ceremonias se realizaron sobre el filo del plazo dispuesto.
En todas las oportunidades, la oposición estuvo ausente. Así, por ejemplo, en la Legislatura sólo formalizaron la jura simbólica (la Carta Magna ya estaba en vigencia y sus disposiciones ya eran obligatorias) doce peronistas y su aliado de Participación Cívica, Ramón Graneros. El resto de los legisladores del PJ ya lo habían hecho en su condición de convencionales constituyentes, en la Casa Histórica. Hubo dos oficialistas ausentes por razones de salud: el recientemente fallecido Luis Roberto Castro y José Alberto Cúneo Vergés. Por su parte, el entonces radical y hoy aliado del PJ, Jorge Mendía no juró, pero se mantuvo en su banca en señal de aval. Los escaños de la UCR, Recrear, FR, Ciudadanos Independientes y Movimiento Popular 3 Banderas estuvieron vacíos.

Otros actores
En la sesión parlamentaria juraron también los miembros del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci. En una reunión posterior lo hizo el defensor del Pueblo, Jorge García Mena.
Este acto ritual se repitió en los concejos deliberantes y en los departamentos ejecutivos, tanto de la capital como del interior (también con el rechazo de la oposición). En esos actos fue reiterada la presencia de quien había presidido las deliberaciones para la reforma, el ministro de Salud Pública y hoy candidato a vicegobernador por el oficialismo, Juan Manzur, y en algunas ocasiones con la participación también del mandatario José Alperovich.
En los municipios, el primero en jurar el respeto al nuevo texto fue el intendente de cada municipio (no lo hicieron quienes habían sido convencionales). Luego, él les tomaba el compromiso a los funcionarios con rango político (no a los de carrera). Por su parte, los ediles participaban de una ceremonia autónoma; a veces, se realizaban una después de otra y en lugares contiguos.

En marzo de 2003, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo levantó la última piedra que le obstruía el camino al entonces senador nacional José Alperovich para postularse a gobernador de Tucumán por el PJ. En un fallo firmado por el presidente de ese tribunal, Horacio Ricardo Castellanos, se dispuso la no aplicación del artículo 80 de la Carta Magna vigente en ese momento, que excluía a quienes no profesasen la religión Católica, Apostólica y Romana de la posibilidad de ser gobernador o vicegobernador. La llamada cláusula confesional imponía a esos funcionarios el juramento por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, como instancia obligatoria antes de ejercer el cargo.
Alperovich, en su condición de profesar la religión judía, presentó una acción de amparo contra la disposición constitucional, por entender que vulneraba sus derechos políticos y era discriminatoria. El camarista acogió el planteo atento a lo normado por el Pacto de San José de Costa Rica (incorporado a las normas de rango constitucional nacional desde 1994 y en la legislación provincial por la ley 6.664), en el cual se consagró la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el respeto a los derechos humanos en un amplio aspecto.
La reforma de 2006 eliminó este requisito de las disposiciones. En el nuevo artículo 96, se dispone simplemente que, ante la Legislatura, el gobernador y el vicegobernador “prestarán juramento de rigor que respete sus convicciones, jurando sostener y cumplir la Constitución de la Provincia y de la Nación, defender las libertades y derechos garantizados por ambas, ejecutar y hacer ejecutar las leyes sancionadas por la Legislatura de la Provincia y por el Congreso de la Nación”.

Con el entusiasmo de la nueva Carta Magna aprobada, en la Legislatura se impulsaron proyectos para su enseñanza obligatoria y para que en todas las escuelas docentes y alumnos juraran respetarla. Las iniciativas habían sido firmadas por Ramón Graneros (Participación Cívica) y Raúl Hadla (PJ), pero ninguna llegó a ser tratada en el recinto por la fuerte oposición que recibieron.
Las propuestas consistían, básicamente, en la obligatoriedad de que se enseñara el texto constitucional de modo formal y oficial en todas las instituciones educativas, en consonancia con la idea que se tenía en ese momento en la Secretaría de Educación.
Inclusive, la propia letra de la Carta Magna lo dispone en el inciso 1 del artículo 144: “El conocimiento de esta Constitución y el análisis de sus normas, orientaciones y espíritu, será tema obligatorio de los niveles educativos básico, medio y terciario dentro del ámbito provincial”. Contra este propósito se levantó la objeción de que había cláusulas cuestionadas en la Justicia (todavía sigue sin haber un pronunciamiento definitivo al respecto).