La jura de la Constitución sigue dando que hablar

Según como se mire, puede afirmarse que las palabras no se encuentran en pie de igualdad las unas con las otras. Unas, técnicamente, sirven para describir el mundo. Otras, en cambio, implican nada menos que concretar hechos.
Esa es la idea central de la "Teoría de los actos de habla", cuyas bases fueron sentadas por John Austin durante los años 50 y 60 del siglo XX. Este filósofo del lenguaje distinguió un grupo de enunciados, a los que llamó performativos, en los cuales se hace exactamente lo que se dice. Por ejemplo, una persona bautiza cuando dice "te bautizo". El poder de los performativos es tal que un sujeto no puede dar cumplimiento al cometido que se propone si no pronuncia la palabra debida. No se contrae matrimonio hasta que no se manifiesta explícitamente que se acepta la nueva condición civil; en otras palabras, hasta que, ante un funcionario del Registro Civil, no se pronuncia el determinante: "sí, acepto".
En el plano político, hay un enunciado performativo que tiene una importancia cabal. Puede decirse que insoslayable. Es el verbo jurar.
El derecho positivo argentino establece que el presidente de la Nación no asume su cargo hasta que no jura. En Tucumán, se aplica idéntico criterio. Tanto es así que, como la Constitución de 1990 contenía una cláusula confesional cristiana (obligaba al gobernador a jurar por Dios, la Patria y los Sagrados Evangelios), para ser investido mandatario provincial José Alperovich debió cuestionar judicialmente la constitucionalidad de esa disposición, de manera de poder hacerse cargo del Poder Ejecutivo sin pronunciar esa fórmula, teniendo en cuenta que él profesa la religión judía.
Luego, con Alperovich en el poder, cuando el oficialismo impulsó la reforma de la Constitución, la ley que declaró la necesidad de la modificación pautó, precisamente, que fuera cambiada esa cláusula.
La trascendencia del juramento (esta palabra y otras de su familia aparecen nueve veces en el nuevo texto constitucional) es tal que hace un año, precisamente, desató una polémica alrededor de la modificada Carta Magna.
Los poderes políticos, luego de haber consagrado la enmienda, promovieron la jura de la letra remozada de la nueva Ley de Leyes. Es más: llegaron a ser promovidos proyectos para que los alumnos de las escuelas también juraran el texto constitucional. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que no iba a prestar juramento.
En rigor, la nueva Constitución no benefició al Poder Judicial. No le permite que establezca su propio presupuesto, no independizó al Ministerio Fiscal, y no estableció la escuela ni la carrera judicial. Además, fijó un Consejo Asesor de la Magistratura y un Jurado de Enjuiciamiento, para la selección y remoción de los magistrados, que fueron cuestionados ante la Justicia (la resolución está pendiente) por se considerados atentatorios de la independencia judicial.
En cambio, funcionarios y legisladores oficialistas juraron el texto reformado el 13 de junio del año pasado. Los miembros de la Justicia y los legisladores opositores, no. Esto dejó expuesto que lo que prima, en definitiva, es el valor de la palabra. Para el caso, el propio Austin luego desandaría su concepción inicial y admitiría que todos los enunciados conllevan simultáneamente el cumplimiento de los hechos expresados por ellos. Pareciera toda una metáfora acerca de lo que ha sucedido aquí en relación con la jura (o no) de la Constitución.

La fiesta no fue completa. La decisión de la Convención Constituyente de disponer que los miembros de los tres poderes juraran el nuevo texto constitucional en el plazo de un mes desde su sanción (fue publicada el 7 de junio del año pasado), quedó en el olvido a poco de haber sido aprobada por el bloque oficialista. A la negativa de cumplimentar ese paso meramente formal por parte de los convencionales, legisladores y concejales opositores -era políticamente previsible-, se sumó el sorpresivo rechazo por parte de la Justicia.
El 27 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia emitió la acordada 368, por medio de la cual calificó de inoportuna e improcedente la imposición de los convencionales del oficialismo. El pronunciamiento no tuvo fisuras: fue firmado por Alfredo Dato, René Goane, Alberto Brito, Héctor Eduardo Area Maidana y Antonio Gandur. Días antes, ya se había producido un faltazo notorio de los magistrados al acto realizado en el patio de los bajorrelieves en la Casa Histórica.
En la acordada, el máximo tribunal no prohibió a magistrados, fiscales y defensores oficiales que juraran la Carta Magna si así querían hacerlo. Sin embargo, nadie se atrevió a desafiar lo dispuesto por la cabeza del Poder Judicial.
La resolución tuvo dos aspectos salientes. Por un lado, la Corte aseveró que la norma que habilitó la reforma no había asignado a la Convención una competencia que la facultara a ordenar e imponer a los tres poderes del Estado la jura obligatoria del nuevo texto y, además, en un plazo determinado. Concretamente, los magistrados resaltaron: la orden dada "constituye una formalidad absolutamente extraña y ajena al fin impuesto por la ley que convocó a la Asamblea".

Una sola vez
Asimismo, los miembros del tribunal recordaron que, en el momento de asumir, cada juez, fiscal o defensor presta un juramento sobre la Carta Magna, que es permanente y que no debe ser renovado cada vez que se produce una modificación en el texto. Como consecuencia, la Corte consideró "jurídicamente estéril y, por ende, no necesario ni oportuno para la eficacia de la Constitución sancionada" que los integrantes del Poder Judicial debieran comprometerse, otra vez, a respetar la Ley Fundamental.
"Es un requisito (la jura) de iure de los magistrados y funcionarios judiciales enunciado por el artículo 119 de la Carta Magna; de allí que su cumplimiento se prescribe para una única oportunidad. No parece prudente que quienes integran uno de los tres poderes del Estado enerven la solemnidad del acto de juramento constitucionalmente imperado, tratándolo como un fútil formalismo ritual", precisó la Corte.