El juez federal subrogante Daniel Bejas estudia en profundidad los expedientes sobre el funcionamiento de un campo clandestino de detención y exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, por donde habrían pasado más de 1.000 personas en la década del 70 y donde se habrían cometido 152 asesinatos. Este es el primer caso en el que se aplica la figura penal internacional de genocidio.
Bejas tiene para resolver la situación procesal de los cuatro principales imputados por el funcionamiento de ese campo, que fueron interrogados cuando todavía estaba Jorge Parache al frente del Juzgado Federal: Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo.
La causa principal que originó la investigación fue la desaparición de Julio César Campopiano, con la que luego se conectaron (sin que se produzca la acumulación) otros 20 casos de torturas, desapariciones y homicidios. En este trámite han sido citados para declarar como imputados, aparte de los ya mencionados, una veintena de efectivos del Ejército y de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los siete que tenían prevista la audiencia concurrió al despacho de tribunales; en algunos casos se presentaron certificados médicos particulares, y en otros hay dudas sobre si se les realizó la intimación formal.
Esta situación genera preocupación en los organismos de derechos humanos, que denunciaron una estrategia general de obstaculizar el accionar de la Justicia de parte de los acusados. Los hechos deben ser analizados también por Bejas, que podría ordenar que se proceda a la detención de los renuentes a presentarse.
Bejas tiene para resolver la situación procesal de los cuatro principales imputados por el funcionamiento de ese campo, que fueron interrogados cuando todavía estaba Jorge Parache al frente del Juzgado Federal: Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo.
La causa principal que originó la investigación fue la desaparición de Julio César Campopiano, con la que luego se conectaron (sin que se produzca la acumulación) otros 20 casos de torturas, desapariciones y homicidios. En este trámite han sido citados para declarar como imputados, aparte de los ya mencionados, una veintena de efectivos del Ejército y de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los siete que tenían prevista la audiencia concurrió al despacho de tribunales; en algunos casos se presentaron certificados médicos particulares, y en otros hay dudas sobre si se les realizó la intimación formal.
Esta situación genera preocupación en los organismos de derechos humanos, que denunciaron una estrategia general de obstaculizar el accionar de la Justicia de parte de los acusados. Los hechos deben ser analizados también por Bejas, que podría ordenar que se proceda a la detención de los renuentes a presentarse.







