Se agiliza una causa en contra de la reforma constitucional
Planteos judiciales. No haría falta producir pruebas para emitir sentencia respecto de la integración del CAM. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró "de puro derecho" al expediente impulsado hace un año por el Colegio de Abogados.
A un año de haberse reformado la Constitución provincial, se ve una luz al final del túnel en la causa judicial más avanzada contra algunas cláusulas sancionadas por los convencionales. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió declarar de puro derecho el expediente iniciado por el Colegio de Abogados, lo cual habilita a emitir sentencia sin la necesidad de sustanciar pruebas.
La decisión firmada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello considera que el tema sometido a debate se vincula a la estricta interpretación de la ley aplicable, y no a los hechos que ocurrieron durante las deliberaciones de la Convención Constituyente, que sesionó entre marzo y junio de 2006. Por ello, se acelerarán los plazos y se evitará el trámite de probar situaciones concretas, que puede llegar a ser engorroso.
Los abogados habían cuestionado el Consejo Asesor de la Magistratura (suspendido en su conformación por una orden judicial); el Jurado de Enjuiciamiento; el instituto del Juicio Político y el sistema de enmienda constitucional por mayoría parlamentaria calificada.
Sin embargo, el fallo no es inminente, ya que aún se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre cuál sala de la Cámara es competente para analizar la causa presentada por Ciudadanos Independientes (CI) y por otros partidos políticos de la oposición. En este expediente se cuestionaron los mismos artículos que objetan los letrados, más otros específicos. La sala III (integrada por Enrique Guibert y Salvador Ruiz) se declaró incompetente y derivó todo el tema a sus colegas de la sala II, quienes se pronunciaron por acumular sólo parcialmente las causas. Este asunto aún debe ser resuelto por el máximo tribunal.
El pedido para que se declare de puro derecho había sido efectuado por los abogados; pero la Provincia guardó silencio y no se opuso. Tampoco la Fiscalía de Cámara consideró necesario requerir prueba alguna.
"La demanda parece aspirar básicamente a un juicio de valor constitucional acerca del modo, forma, contenido y ubicación de las normas reformadas introducidas a la Constitución provincial. La prueba instrumental de la parte actora ya fue producida antes de correrse traslado de la demanda y en el proceso no aparecen hechos conducentes y controvertidos que hagan necesaria la apertura a prueba de la causa", señalaron Novillo y Giovanniello al hacer lugar a lo solicitado por el colegio profesional.
Esta causa está en trámite desde hace más de un año, ya que se presentó cuando aún estaban deliberandos los convencionales que reformaron la Carta Magna.
Los ex convencionales constituyentes Martín Correa y Daniel Blanco, del Partido Obrero (PO); y José Páez, de la Democracia Cristiana (DC), coincidieron en afirmar que, a un año de la reforma de la Carta Magna, la institucionalidad en la provincia se encuentra de duelo.
"No hizo más que consolidar un régimen de ataque permanente a la democracia y a los trabajadores, con la reelección virtualmente indefinida del actual gobernador y de los legisladores, intendentes y concejales. Con esta medida, el Estado se convierte en una suerte de propiedad privada de una camarilla", denunciaron Correa y Blanco.
Páez, en tanto, calificó el nuevo texto constitucional contrario a lo que muestra la historia del mundo. "La reforma estuvo signada por el oscurantismo en su desarrollo interno; y por la concentración de poder y la antidemocracia en los cambios efectuados", espetó el ex convencional.
El democratacristiano recordó que los reformadores del oficialismo recibían instrucciones del gobernador José Alperovich mediante el teléfono celular. "Fue una vergüenza para la vida democrática. Se concentró el poder en el gobernador y se consagró un blindaje para dar protección e impunidad a él y a sus seguidores", dijo Páez.
La decisión firmada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello considera que el tema sometido a debate se vincula a la estricta interpretación de la ley aplicable, y no a los hechos que ocurrieron durante las deliberaciones de la Convención Constituyente, que sesionó entre marzo y junio de 2006. Por ello, se acelerarán los plazos y se evitará el trámite de probar situaciones concretas, que puede llegar a ser engorroso.
Los abogados habían cuestionado el Consejo Asesor de la Magistratura (suspendido en su conformación por una orden judicial); el Jurado de Enjuiciamiento; el instituto del Juicio Político y el sistema de enmienda constitucional por mayoría parlamentaria calificada.
Sin embargo, el fallo no es inminente, ya que aún se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre cuál sala de la Cámara es competente para analizar la causa presentada por Ciudadanos Independientes (CI) y por otros partidos políticos de la oposición. En este expediente se cuestionaron los mismos artículos que objetan los letrados, más otros específicos. La sala III (integrada por Enrique Guibert y Salvador Ruiz) se declaró incompetente y derivó todo el tema a sus colegas de la sala II, quienes se pronunciaron por acumular sólo parcialmente las causas. Este asunto aún debe ser resuelto por el máximo tribunal.
El pedido para que se declare de puro derecho había sido efectuado por los abogados; pero la Provincia guardó silencio y no se opuso. Tampoco la Fiscalía de Cámara consideró necesario requerir prueba alguna.
"La demanda parece aspirar básicamente a un juicio de valor constitucional acerca del modo, forma, contenido y ubicación de las normas reformadas introducidas a la Constitución provincial. La prueba instrumental de la parte actora ya fue producida antes de correrse traslado de la demanda y en el proceso no aparecen hechos conducentes y controvertidos que hagan necesaria la apertura a prueba de la causa", señalaron Novillo y Giovanniello al hacer lugar a lo solicitado por el colegio profesional.
Esta causa está en trámite desde hace más de un año, ya que se presentó cuando aún estaban deliberandos los convencionales que reformaron la Carta Magna.
"Fue una vergüenza para la vida democrática"
Los ex convencionales constituyentes Martín Correa y Daniel Blanco, del Partido Obrero (PO); y José Páez, de la Democracia Cristiana (DC), coincidieron en afirmar que, a un año de la reforma de la Carta Magna, la institucionalidad en la provincia se encuentra de duelo.
"No hizo más que consolidar un régimen de ataque permanente a la democracia y a los trabajadores, con la reelección virtualmente indefinida del actual gobernador y de los legisladores, intendentes y concejales. Con esta medida, el Estado se convierte en una suerte de propiedad privada de una camarilla", denunciaron Correa y Blanco.
Páez, en tanto, calificó el nuevo texto constitucional contrario a lo que muestra la historia del mundo. "La reforma estuvo signada por el oscurantismo en su desarrollo interno; y por la concentración de poder y la antidemocracia en los cambios efectuados", espetó el ex convencional.
El democratacristiano recordó que los reformadores del oficialismo recibían instrucciones del gobernador José Alperovich mediante el teléfono celular. "Fue una vergüenza para la vida democrática. Se concentró el poder en el gobernador y se consagró un blindaje para dar protección e impunidad a él y a sus seguidores", dijo Páez.







