Compromiso con la prensa libre

Los candidatos que definirán el ballottage por medio del cual se elige jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri y Daniel Filmus, han suscripto un acuerdo con el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) por el que se comprometen a promover la ley de acceso a la información y a brindar conferencias de prensa periódicas, al menos “más de seis veces por año”. El hecho es saludable aunque obvio por demás, pues esa comunicación de poderes con los medios forma parte de las condiciones esenciales de una democracia real y eficiente, donde los ciudadanos demandan estar informados sobre la administración y custodia de los intereses generales que confiaron a sus representantes mediante las urnas. Ni siquiera ante las situaciones más difíciles para la marcha de los asuntos públicos, los gobernantes en las democracias más tradicionales de los países libres eludieron esa responsabilidad en momentos críticos, manteniendo diálogos abiertos con el periodismo, sin discriminación alguna.
Son históricos los que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial con sus grandes protagonistas, en los que el “off the record” preservaba determinadas informaciones críticas de común acuerdo entre los interlocutores. En nuestro país, Julio Argentino Roca y Bartolomé Mitre se distinguieron por sus frecuentes relaciones con el periodismo de sus épocas.
El secreto de Estado es, por razones fundadas, muy reducido a temas puntuales de extrema seguridad para proteger los intereses nacionales. La libertad de prensa constituye uno de los derechos esenciales del individuo, establecido en la Constitución Nacional, cuyo artículo 32 refuerza en la medida que prohíbe al Congreso el dictado de leyes que la restrinjan o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Pero esa libertad implica no sólo la de informar, sino la del acceso a las fuentes de información de interés público, como la obligación de ejercerla con responsabilidad. Sin esas condiciones, los ciudadanos no podrán ejercer el sufragio con el conocimiento requerido para designar a sus representantes. En consecuencia, puede afirmarse que las libertades de información y del sufragio son los pilares básicos de la democracia real.
Ese acuerdo de candidatos con Fopea, que debió ser innecesario, remite a la situación irregular de la libertad de prensa en nuestro país que, si bien no está vedada como en los regímenes autoritarios de pensamiento único, soporta inconvenientes muy diversos: desde el manejo discriminatorio de la publicidad del Estado sin que prospere desde hace años una ley que la regule, hasta la negativa reiterada del Presidente de la República a dialogar con el periodismo arguyendo que lo hace con la ciudadanía mediante sus mensajes sin réplicas.
No se trata, por cierto, de una mera abstención comunicacional, pues generalmente aprovecha su atril oficial para descalificar al periodismo. El mandato del doctor Kirchner termina, en ese sentido, salvo rarísimas excepciones, provocando un vacío informativo sobre los asuntos públicos que ocupan rápidamente especulaciones y conjeturas propias del periodismo amarillo y una difusa percepción por la ciudadanía de la realidad.
A todo ello se agrega el exigente condicionamiento que el jefe del Gobierno nacional impone a sus habituales voceros y la carencia de la esperada ley de acceso a la información pública que la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, cuya presidencia ejerce la primera dama, con más horas de trabajo en la Casa Rosada que en el Congreso, bloqueó hace más de un año.