Según De Mitri, la Corte debe decir si rigen las cinco normas objetadas

Nuevamente, el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, reivindicó la competencia del máximo tribunal provincial para tratar los planteos sobre la vigencia de cinco leyes polémicas.
El funcionario se pronunció en contra del planteo efectuado por el Poder Ejecutivo, acerca de que la causa presentada por el vicegobernador Fernando Juri (en su rol de presidente de la Legislatura) debía ser remitida a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, manteniendo el criterio sustentado en los expedientes anteriores de los legisladores Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) y Ernesto Padilla (Recrear).
La nueva derrota del PE era esperada atento a los antecedentes. Sin embargo, todavía no está dicha la última palabra, ya que es la Corte la que debe resolver sobre su propia competencia (la opinión de De Mitri no es vinculante). El pronunciamiento sobre la materia se conocería durante el curso de la próxima semana.
En su dictamen, el ministro fiscal no se pronunció sobre la legitimación activa de Juri para accionar en contra de la Provincia (uno de los aspectos denunciados por el PE), sino sólo en la potestad de la Corte. Consideró que el planteo contra el vicegobernador puede ser resuelto en cualquier momento, incluso al emitir sentencia definitiva.
De Mitri defendió la potestad dada a la Corte por el artículo 120 de la Carta Magna provincial de 2006, que ayer cumplió un año, en el cual la habilita para ejercer controles sobre la constitucionalidad de actos y normas como instancia originaria, y no a partir de un recurso de apelación por un fallo inferior. Justificó esta posición en el mecanismo de control difuso que existe en la provincia, a lo cual agregó la vigencia del Código Procesal Constitucional, que regula la materia en debate.
"La Corte, como tribunal supremo de Derecho Público interno, tiene la última palabra en garantizar la supremacía de la Carta Magna provincial", sostuvo.
La discusión abarca el reconocimiento del 82% móvil en los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación; la prohibición a los partidos municipales y comunales de utilizar el régimen del acople electoral con una fórmula de gobernador y vice; la implementación del voto electrónico en los comicios del 26 de agosto; el castigo a la entrega de bolsones y prevendas con fines clientelísticos; la normalización urgente de los entes públicos intervenidos y un nuevo sistema de autarquía financiera para la Legislatura y el Poder Judicial.
Estas normas fueron aprobadas por la Legislatura en forma definitiva en marzo, pero devueltas por el gobernador José Alperovich sin vetarlas ni promulgarlas.