El primer aniversario de la Constitución de frasco

La página web, disponible cuanto menos hasta principios del año pasado, tenía el dominio www.bonsaikitten.com. Y promocionaba, ya fuera verdad macabra o una humorada perversa, lo que podría llamarse, ciertamente, una crianza de gatos en frascos.
El sitio pretendía que el animalito, al nacer, tiene sus huesos en un estado, si se quiere, de tremenda flexibilidad, lo que permite meterlo dentro de un bote con tapa y orificios para que respire, evacue sus deposiciones y se alimente con una sustancia que mantiene elástica su estructura ósea. Luego de un tiempo prolongado, el mamífero queda de la forma premoldeada.
La depravada idea apunta hacia una suerte de goce contemplativo: los creadores de la monstruosidad disfrutan del espectáculo de encerrar el gato y verlo todo doblado, como ornamento de escritorio, con su hipertrofia consolidada y permanente. Finalmente, uno de los puntos culminantes del sadismo de la propuesta consistía en la advertencia de que el adefesio no tiene angustias de normalidad: no extraña ser el gato que estaba destinado a ser. Se asume, sin más, como esa barbaridad en la que lo convirtieron sin su consentimiento.
Allí radica uno de los aspectos más inquietantes del asunto, cuya sutileza puede tornarlo inadvertido frente al cúmulo de salvajadas explícitas que lo preceden. Suena terrible la posibilidad de ser transformado en una aberración, acaso, sin siquiera advertirlo. Sobre todo en Tucumán, que ha llevado a la práctica tamaño designio: ayer se cumplió un año de la absoluta desnaturalización de la Constitución de la provincia.
Lo que entregó la Convención Constituyente al pueblo tucumano fue una Carta Magna retorcida. No es un digesto que limita el poder de los representantes en beneficio de los representados. Todo lo contrario. Los miembros de los poderes políticos obtuvieron la posibilidad de gobernar ininterrumpidamente hasta 2015. Y consiguieron inmunidad procesal a granel. Y el pueblo se quedó sin los institutos de revocatoria de mandatos y de juicios de residencia, tan prometidos por el Gobierno. Y la Justicia, donde el ciudadano puede reclamar el cumplimiento de sus derechos, salió maltrecha. Si ella no lo impide (tiene en sus manos sesudos planteos contra la reforma que pretende un Poder Judicial bonsai), los magistrados serán seleccionados por un consejo asesor similar a una patrulla de reclutamiento: lo formará el Ejecutivo como se le antoje. Y serán removidos por un jurado de enjuiciamiento que parece un pelotón de fusilamiento: la mayoría de sus integrantes son políticos. Es la anticonstitución. Coherentemente promulgada el día 6, del mes 6, del año 6. Cuya letra se conoció sólo cuando era aprobada en el recinto, porque el presidente del cuerpo modificador, Juan Manzur, nunca quiso hacer pública la nómina de asuntos entrados. Ya desde sus inicios, la constituyente olía a gato encerrado.
Claro está, a modo de compensación, se establecieron avances en materia de legislación social. El gato de frasco, en definitiva, tiene elementos que permiten reconocer que sigue siendo un gato. Pero no se puede propone un trueque de garantías por instituciones, porque es injustificable: de ninguna manera la consagración de las unas demanda de la eliminación de las otras. Que el felino de bote sea un prodigio de adorno no habilita a anudarlo.

Todo para unos
Así como los atrofiadores de gatos pergeñan su obra para su deleite, algunos de los mencionados avances que consagró la Constitución que desequilibró la república en Tucumán fueron sólo para provecho del poder político. Es el caso de la generosa ampliación del derecho de libertad de expresión, a partir de darles fueros a los concejales cuando están en sus bancas, y de extender los fueros de los legisladores más allá del recinto. Porque los fueros son, ni más ni menos, una forma de garantía especial de la libertad de expresarse: el representante popular puede hablar sin ataduras, porque no será "molestado" judicialmente por lo que manifieste en cumplimiento de sus funciones.
Eso es, en esencia, la subtropicalidad: en la provincia en donde recrudecen las denuncias de la oposición respecto del amordazamiento y hasta de la extinción de medios, cuyo gobernante demoniza a los que sacan a la luz irregularidades en el manejo de los fondos públicos, se reformó la Carta Magna para darle más libertad de expresión al poder político. El mismo que, complementariamente, nunca permitió la sanción de una ley que garantice el libre acceso a la información pública. Ambas cuestiones, los ataques contra la prensa y su libertad de informar y de expresarse, por una lado, y la negativa a que pueda accederse a la información sobre el manejo del Estado, por el otro, son dos grandes déficits de la calidad democrática de la provincia.
El pensador italiano Giovanni Sartori escribió que la democracia es el gobierno de la opinión. No cualquier opinión, sino la opinión pública. La cual, por cierto, no se define por ser la de muchos. Una opinión es "opinión pública" porque afecta objetos y materias que son de naturaleza pública, como el interés general, el bien común y, en esencia, la cosa pública. La "res pública". Esa opinión, por tanto, necesariamente debe ser una opinión informada de lo que ocurre en el gobierno republicano.
En este punto se evidencia que la historia no está desprovista de ironía: la Constitución alperovichista, que reserva la libre expresión y el acceso a la información pública para los representantes, pero no para el público, fue aprobada en la víspera del Día del Periodista. La Ley de Leyes es llenada de contenido de la misma forma que el gato envasado es alimentado con una sonda. Pareciera que se celebró el primer aniversario de la Constitución enfrascada. Pero en realidad, sólo hay duelo para el primer año de la gran vergüenza institucional.