Los cortocircuitos de un problema energético

¿Qué parte del gasto bajarían ustedes: los salarios docentes, las jubilaciones, el presupuesto en educación o las inversiones públicas, como por ejemplo, las que se realizan en energía? Esa fue la respuesta de la ministra de Economía, Felisa Miceli, a un empresario que osó preguntarle, en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, qué pasa con el gasto público.
Hoy, lo que falta en el país son obras energéticas y por eso se desató la crisis. Pero, además, con el frío polar que puso en vilo a todo el sector productivo argentino, se reavivó la discusión sobre la tarifa de los servicios públicos privatizados.
En Tucumán, sólo hubo restricción del servicio de gas, pero no se llegó a cortar el suministro de luz, como sucedió en Buenos Aires, pese a que desde la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) se viene insistiendo en que se está operando al límite de la capacidad del sistema. La cuestión energética volvió a tener ribetes de polémica, luego de que trascendió que la Compañía General de Electricidad, de capitales chilenos, propietaria de EDET, mantiene la demanda contra la Nación y, por ende, contra Tucumán ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi). Todo hubiera quedado en un hecho más si es que el gobernador, José Alperovich, no hubiera elevado el tono de la discusión política. “Si le quiere hacer un juicio a la provincia, le voy a hacer la vida imposible a EDET y no va a cobrar ni un peso”, dijo el mandatario.
Lo curioso del caso es que la empresa y la comisión de renegociación del contrato con EDET habían convenido que la millonaria demanda ante el Ciadi se diluiría en la medida que el Acta de Renegociación Integral (ARI) superara las etapas administrativas hasta la sanción legislativa del acuerdo que, entre otros puntos, incluye el aumento tarifario del 24%. Mientras tanto, el contenido del acta es letra muerta.
Los ejecutivos chilenos no estaban dispuestos a mirar la cordillera, mientras se vencen los plazos procesales de un planteo de resarcimiento por U$S 125 millones, un monto equivalente a lo que Tucumán debe pagarles a sus acreedores por capital e intereses durante este año o el de tres planillas salariales del sector público.

Diferencia horaria
Los tiempos de los técnicos no son los mismos que los de los políticos. La Legislatura tiene 120 días (desde hace 10 días corren los plazos) para analizar el acta de renegociación del contrato con EDET. El sector técnico de la negociación especulaba con que el convenio estaría listo antes de fines de julio. El arco político, en tanto, especula con que, si es posible, el convenio con EDET sea aprobado luego de las elecciones. Tarde o temprano, el cliente del servicio eléctrico tendrá que abonar el reajuste tarifario.
El Acta de Renegociación Integral contiene ya una suba tarifaria del 7%. Otro 10% será aplicado, a los 360.000 usuarios, con efectos retroactivos a noviembre pasado, en cuatro bimestres o en ocho meses, según la facturación. El 7% restante se aplicará a partir de noviembre de este año. Tomando el caso del consumidor medio, el aumento implicaría un sobrecosto aproximado a los $ 160.
El problema energético sacó de abajo de la alfombra una cuestión, como la tarifaria, que cambia el humor del usuario residencial hasta del más encumbrado industrial. En la Casa de Gobierno están haciendo cálculos sobre cuál será el costo electoral, agosto, que pagará el oficialismo frente a una inminente suba en la tarifa de la luz.