El hábito de hacer obras por adjudicación directa

Las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén han concentrado el interés público, impidiendo que otros asuntos trascendentes asuman la atención que requieren de la sociedad. Entre ellos adquiere singular significación el seminario organizado por la fundación Poder Ciudadano sobre “Discrecionalidad en las contrataciones públicas”, con la participación de fiscales, académicos, abogados y empresarios. El nudo central de las deliberaciones lo constituyeron las críticas a las adjudicaciones directas por el gobierno federal mediante el uso generalizado de fondos fiduciarios o fideicomisos
En ese sentido, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, manifestó su objeción a la debilidad de las licitaciones públicas, reiteradamente demostrada por los informes del organismo bicameral.
Por cierto que, poco antes de ese seminario, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto reformando su función de control que la Constitución asigna mayoritariamente a la oposición; iniciativa oficialista que fue aparentemente congelada ante las reacciones adversas suscitadas en diferentes sectores.
Por su parte, el director de la Oficina Anticorrupción (OA), Nicolás Raigorodsky, adelantó que en los próximos días se conocerá un gráfico o mapa indicativo sobre los mecanismos de compra de bienes y servicios por parte del Gobierno nacional, elaborado sobre la base de compras por más de 3.000 millones de pesos entre 2003 y 2005, que excluyen las obras públicas. Se trata de “aristas que tienen que ver con la transparencia y discrecionalidad de los procesos de licitación”, expresó el director de la OA.
A su vez, el intendente de Morón, Martín Sabbatella, se refirió a la gestión de su antecesor -actualmente candidato electo en la ciudad de Buenos Aires- como “emblema de la corrupción menemista” La serie de exposiciones con parecido tono durante el seminario de Poder Ciudadano incluyó un resumen de su directora ejecutiva, Laura Alonso, aludiendo a un informe de la institución y recordando que en el último índice de Transparencia Internacional sobre corrupción, la Argentina descendió del puesto 57 al 97.
En consecuencia, la vulnerabilidad del sistema en nuestro país tiene un índice de “media a alta”. Por su parte, Carlos Antonucci, presidente de la Unión de Proveedores del Estado, denunció que los repetidos cambios en las reglas de compras “se hacen según las necesidades del funcionario de turno”.
El descontrol de los fideicomisos o fondos fiduciarios ha tenido su pico de escándalo en el caso de Skanska, donde la investigación judicial alcanza al Estado en virtud de los sobornos para obras de gasoductos. La figura de ese financiamiento es denominada por los denunciantes como “caja negra”, al servicio de obras públicas, tarifas de servicios congeladas y otros tipos de emprendimientos que superan largamente $ 15.000 millones.
   Una denuncia de la AGN sobre la administración del fondo del gasoil cuando existían 20 fideicomisos, hizo que la Justicia solicitara informes a la Jefatura del Gabinete que todavía no se conocen. El oficialismo califica a esos fondos como extrapresupuestarios y plurianuales -por ello sin control del Congreso-. Es decir que, de hecho, forman parte del conjunto de autonomías marginales de la correcta administración pública.
La razón del poder actual es la emergencia en que halló al país hace cuatro años, pero el seminario de Poder Ciudadano es otro testimonio de una gerencia  personalista como sistema que se aleja del sistema republicano.