Por favor, que octubre llegue pronto

La intromisión de la política en los intereses del ciudadano causa indignación. Por eso, escuchar al gobernador José Alperovich decir que la próxima Legislatura resolverá la inseguridad, ya que como serán sus acólitos no opondrán resistencia a sus órdenes, resulta desesperante. Es más o menos como decirle a los delincuentes : “salgan ahora, porque después de octubre, cuando mi poder sea mayor, no los va a salvar nadie”. Y hasta octubre, cuando estos soldados que bregarán por una provincia más tranquila hayan asumido, falta mucho.
Ni desde el Ejecutivo, ni desde la Legislatura, ni siquiera desde el Poder Judicial, se han dado señales claras de pretender avanzar en conjunto para combatir este flagelo. Cada vez que hay una ola de inseguridad se hacen altisonantes anuncios, se organizan reuniones de protocolo y salen a la luz proyectos en ciernes. Apenas la frase desaparece de las crónicas policiales, todo queda en el olvido.  El tema debe ser tratado como una verdadera política de Estado, y si es necesaria una reforma, bienvenida sea. Pero para eso hace falta la opinión de quienes más saben, llámense policías, fiscales y jueces.
Una de las quejas que exhibió Alperovich es que, según la Policía, hay cientos de delincuentes que son detenidos y puestos en libertad nuevamente por los fiscales. Y algo de razón tiene. Muchos fiscales se olvidan de los artículos 47 y 48 del Código Procesal Penal (CPP), que habla sobre la conexidad de las causas, lo que posibilita el pedido de prisión preventiva aún en delitos que, en por sí solos, son excarcelables. Todavía resuena en Tribunales la carcajada de algunos abogados cuando se enteraron de que un fiscal había pedido prisión preventiva por un hurto en grado de tentativa (es decir que el delito no se había concretado), pero más fuerte fue la risa del fiscal cuando el juez le dio la razón. Como ejemplo vale el dato de Salta, una provincia que tiene 400.000 personas menos que Tucumán, pero que sin embargo tiene el doble de detenidos en prisiones (2.000 presos, contra 900 de Tucumán).

Las alternativas
Pero no deja de ser menos cierto que el fuero penal está colapsado. Quince fiscalías son insuficientes, algo que podría haberse subsanado durante la lamentable reforma de la Constitución, en la que se olvidaron de que había problemas por atender en materia de seguridad. ¿Soluciones? La creación de otras 10 fiscalías sería la salida más rápida. Lo que no se puede hacer es trabajar con sistemas mixtos, como algunos pretenden. Es decir, tener por un lado las fiscalías ubicadas en la avenida Sarmiento al 400, y por el otro, crear fiscalías distritales, ya que el trabajo y la jurisdicción tarde o temprano se superpondrían. Otra salida, que a algunos no les gustará, sería como en el sistema estadounidense donde el fiscal que investiga es el mismo que defiende su posición en el juicio oral. Así, los ocho fiscales de Cámara (hay uno más, pero es de Apelaciones), podrían a pasar a ser fiscales de Instrucción y estar al frente de todo el proceso. Sólo habría que igualar, hacia arriba, los sueldos y aportar la infraestructura. Incluso algunos de ellos podrían reforzar los centros judiciales de Monteros y de Concepción. Pensar en declarar la autonomía del Ministerio Público Fiscal, tal como sucede en la Nación, sería la máxima aspiración. Una forma, por lo menos en los papeles, de declarar la verdadera independencia de una parte del Poder Judicial.