Denuncian que en el Sepapys licitan una obra que, supuestamente, ya está hecha

Las denuncias por la supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos que llevan adelante las autoridades del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) no se interrumpen.A las 9.55 de ayer se efectuó en la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Carlos Albaca, una nueva presentación en contra del interventor del organismo, Angel Adrián Cúneo Vergés. En el escrito se plantea que el 9 de marzo pasado se inició el expediente 0654-D, por el cual se autoriza a llevar a cabo una licitación pública para adquirir materiales para la provisión de agua potable y para construcciones, destinados a obras en los barrios San Francisco y Miguel Lillo, de la comuna de San Felipe y Santa Bárbara, del departamento Lules. Para afrontar la compra de esos insumos, se habilitó un presupuesto de $ 60.000. Sin embargo, en el texto la denuncia a la que tuvo acceso LA GACETA, se consigna: "dicha obra ya fue realidad, o sea que ya existe. Piden $ 60.000 para ejecutarla de nuevo. ¿Qué van a hacer con el dinero si la obra ya está hecha?".

Los antecedentes
La presentación es una ampliación de la causa en contra de Cúneo Vergés, en la cual fue denunciado por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos.
El origen de ese expediente es la polémica prescripción de una deuda millonaria en favor del Estado -informada pero aún no oficializada- en el Sepapys.
En el expediente que sirve como base para esa investigación, el Departamento de Gestión y Mora, y el Departamento Jurídico informan que el pasivo de usuarios con la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), por $ 53 millones, está prescripta. Argumentan que el ente autárquico no proveyó de los bonos profesionales (con ellos se paga el arancel para litigar) para iniciar demandas, o para continuar las ya entabladas.
Este argumento fue desmentido por la división de Contabilidad. Pero, además, el jefe de Jurídico, Juan Alberto Caligari, fue querellado por dirigentes gremiales por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario, por supuestas irregularidades, justamente, en la compra de bonos profesionales.Paralelamente, por otra denuncia, referida a aparentes irregularidades en la compra de combustibles, la Policía allanó un inmueble del Sepapys, en el que que encontró una camioneta sin motor, para la que se habrían adquirido 1.200 litros de combustible bimestrales.