El abogado Martín negó todas las imputaciones

Finalmente, el abogado Daniel Martín se presentó ayer ante Mario Racedo (a cargo del juzgado federal Nº 2) y negó categóricamente el hecho que se le imputa, aunque luego hizo uso del derecho de no seguir declarando.
Martín, junto a Antonio Vicente Taranto y al ex juez federal Jorge Parache, es uno de los tres imputados (los dos primeros como presuntos autores y el ex magistrado como supuesto partícipe necesario) en la causa en la que investigan una presunta defraudación contra el Estado nacional con títulos de la deuda pública.
En compañía de su abogado, José Agustín Ferrari, además de haber pedido autorización para fotocopiar todo el expediente, Martín requirió el secuestro de las constancias del cobro -por parte de Taranto- del $ 1,3 millón depositado en su cuenta por el Estado nacional, en febrero de 2005, como consecuencia de una medida cautelar dispuesta por Parache.
Asimismo, Ferrari pidió a Racedo que, una vez que sea cumplida tal medida, ordene una pericia caligráfica a fin de que determine si Taranto firmó (o no) los recibos. Como elemento de comparación o de referencia, el abogado ofreció el acta de la caución juratoria firmada por Taranto para que pudiera efectivizarse la medida cautelar.

Estrategias cruzadas
La estrategia de Ferrari apunta a conjurar la táctica que, a su vez, el miércoles había planteado la defensa de Taranto, encabezada por Juan Carlos Malek.
Para descargar cualquier responsabilidad de su cliente, Malek también había solicitado una pericia caligráfica, y había aseverado que eran falsas las firmas que le atribuyen a Taranto en la demanda así como en otros escritos presentados por Martín (patrocinaba a Taranto) para exigir -ante el entonces juez Parache- la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que, tras la salida de la convertibilidad, pesificó los títulos públicos (son obligaciones del Estado) a $ 1,4 más CER por dólar.
Parache, a través de una medida cautelar, había ordenado al fisco que se abstuviera de concretar la pesificación respecto de los títulos depositados en la cuenta de Taranto (en los hechos implicaba devolverlos según la cotización del dólar en el mercado libre). Según el fiscal Carlos Brito, se trató de una supuesta maniobra especulativa, porque los bonos habían sido adquiridos a bajo precio después de la declaración de default (cesación de pagos del Estado) que siguió a la salida de la convertibilidad.
La defensa de Martín insiste en la tesis de que Taranto era el único titular de los títulos y que él los percibió. Asimismo, Ferrari advirtió ayer que, en el momento de leer las pruebas acumuladas sobre el supuesto hecho ilícito, no había sido mencionada la actuación preliminar practicada por el fiscal Brito.


Quienes aspiran a reemplazar a Jorge Parache en el juzgado federal Nº 1 (su renuncia se efectivizó el jueves) aún deberán esperar. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene previsto convocar a una serie de concursos para cubrir numerosos despachos vacantes -entre ellos el del Tucumán-, pero aún no puede hacerlo porque no fue aprobada la lista de jurados. Esto, como consecuencia, impide que haya nuevos llamados.
Los cambios introducidos a fines del año pasado en el Consejo por la Ley 26.080 (el número de miembros fue reducido de 20 a 13) también repercutieron en la conformación de la nómina de los posibles miembros de los jurados de los procesos de selección. La norma, por ejemplo, excluyó a los abogados. Ahora sólo los pueden integrar representantes de los magistrados y de las facultades de Derecho (de universidades públicas o privadas). En este último caso deben revestir la condición de profesores titulares, asociados o adjuntos regulares, elegidos por concurso, o bien ser eméritos o consultos.
En la comisión de Selección de Magistrados están trabajando en el armado de las listas, de las que, una vez que sean aprobadas por el plenario del Consejo, puedan ser sorteados quienes intervendrán en cada concurso de oposición y antecedentes. El objetivo es que haya 100 nombres de jueces (lo provee la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional) e igual cantidad de académicos, pero aún esperan que alguna facultades de Derecho, como la de la Universidad Nacional de Tucumán, eleven nombres.