Por Redacción Política
04 Junio 2007
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El 9 de mayo, exactamente 22 días antes de que se efectivizara su renuncia (sucedió el jueves), el ex titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, adoptó una importante decisión.
El ex magistrado declaró nula una actuación preliminar que el fiscal federal general, Gustavo Gómez, había iniciado en junio de 2003, y como consecuencia de la cual habían resultado imputados nada menos que el ex gobernador (actual senador nacional justicialista) Julio Miranda y el ex secretario de Hacienda, Joaquín Ferre (lo fue entre 1999 y 2001).
En la causa eran investigados los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (de fondos girados por la Nación para hacer frente a la transferencia de escuelas medias a la provincia, que comenzó en 1992), apropiación indebida de recursos de la seguridad social, estafa en perjuicio del Estado nacional y de los docentes afectados, así como incumplimiento de los deberes de funcionario.
En los hechos, el eje de la investigación giraba en torno de la legalidad del sistema de la caja única, ideado por el actual gobernador José Alperovich en julio de 2001, precisamente cuando aún era ministro de Economía de Miranda (Ferre era el secretario de Hacienda), que centralizaba todos los recursos de que disponía la administración provincial, incluso los que habían sido asignados (por la Nación) con una finalidad específica, como la educativa, en este caso.
El 24 de noviembre de 2003, casi un mes después de la finalización del gobierno de Miranda, Gómez remitió al titular de la Fiscalía Federal Nº 1, Emilio Ferrer, los resultados de la actuación preliminar que había comenzado el 4 de junio de ese año, como consecuencia de una nota de la Comisión de Padres de Alumnos de Escuelas Transferidas Medias (Normales, Nacionales, de Comercio y Técnicas).
En la misiva, en la que le pedían una audiencia, los padres se quejaban de que la Ley Federal de Educación no podía aplicarse por falta de recursos, ya que la provincia, presuntamente, manejaba con discrecionalidad los fondos nacionales asignados para ese fin.
Como resultado de su actuación, Gómez había concluido que, pese a que la Nación remitía fondos expeditos para el pago de sueldos y cargas previsionales a los docentes, así como para dar operatividad al convenio de transferencia, el dinero entraba en la caja única. "En ella es destinado a la operatoria de canje de Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade). Esta decisión, ratificada por la Ley 7.152, legaliza lo que ya ocurría: quedarse con los pesos y pagar con Bocade a valor nominal, cuando, en realidad, la cotización de ellos en el mercado era muy inferior", argumentaba.
En declaraciones efectuadas entonces a la prensa, Gómez afirmaba que no se sabía cuál había sido el destino de más de $ 6 millones transferidos por la Nación.
Contragolpe
Dos días después de haber recibido las conclusiones de Gómez, Ferrer requirió a Parache que abriera la correspondiente investigación penal y que se la delegara a él en tanto representante del Ministerio Público. El ex magistrado se expidió afirmativamente el 5 de diciembre de 2003, pero tomó la instrucción a su cargo.
Además de haber ordenado medidas (muchas a pedido del fiscal), el ex juez tomó declaración testimonial a cerca de una decena de personas. No obstante, el 13 de abril de este año, siete días antes de que en el Boletín Oficial fuera publicado el decreto por medio del cual el presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia a Parache (la había elevado el 20 de marzo), Ferrer fue notificado de un hecho clave. Por medio del abogado Ricardo Scheuermann, Miranda había cuestionado la actuación preliminar practicada por Gómez y solicitaba que fuera declarada nula.
El argumento central esgrimido era que, en virtud del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando un agente fiscal recibe directamente una denuncia por la presunta comisión de un delito de acción pública debe poner el hecho inmediatamente en conocimiento del juez. Scheuermann agregó que, por su amplitud, la actuación preliminar había violado las garantías del debido proceso y de defensa en juicio de su cliente.
La defensa de Miranda tenía como antecedente dos actuaciones preliminares (las primeras) que, en diciembre del año pasado, Parache había declarado nulas. Lo volvió a hacer basándose -entre otros argumentos- en lo dispuesto por la resolución 121/06, del procurador General de la Nación, Esteban Righi (la cabeza de los fiscales), del 11 de septiembre de 2006, que estableció que aquellas actuaciones, en principio, no pueden prolongarse durante más de dos meses.
La hora de la Cámara
El 17 de mayo pasado, por medio de un texto con duros términos, Ferrer dedujo un recurso de apelación y hasta hizo reserva del caso federal para, eventualmente, llevar la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal consideró que Parache había incurrido en una contradictoria, llamativa y "sorpresiva arbitrariedad" por haber detectado "una supuesta nulidad absoluta después de tres años calendarios de haber intervenido en el proceso". Antes de renunciar, el ex juez dispuso que correspondía habilitar el recurso, razón por la que la palabra la tendrá ahora la Cámara Federal de Apelaciones.
Como Parache hizo lugar a la petición de Miranda, Ferrer apeló la decisión. "En sucesivas oportunidades, el juez proveyó medidas, citó testigos, tomó numerosas testimoniales, etcétera. En suma, dirigió la investigación sin nunca advertir causal de nulidad que, luego, pudiera invalidar la causa", dijo.
Ferrer calificó de contradictoria, arbitraria y sorpresiva la resolución que Parache dispuso 22 días antes de que se concretara su renuncia. "Después de más de tres años calendarios de haber intervenido detecta una supuesta nulidad absoluta, intentando hacer caer el proceso. Del devenir de la causa no era previsible una declaración de estas características", aseveró.
Finalmente, el fiscal atacó el argumento de Parache de que las actuaciones preliminares, según la resolución 121/06 de la Procuración General de la Nación, no pueden extenderse durante más de dos meses. "Esa resolución es del 11 de septiembre de 2006, por lo que resultaba de imposible aplicación (la actuación preliminar sobre Miranda databa de 2003)", acotó. LA GACETA (C)
El ex magistrado declaró nula una actuación preliminar que el fiscal federal general, Gustavo Gómez, había iniciado en junio de 2003, y como consecuencia de la cual habían resultado imputados nada menos que el ex gobernador (actual senador nacional justicialista) Julio Miranda y el ex secretario de Hacienda, Joaquín Ferre (lo fue entre 1999 y 2001).
En la causa eran investigados los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (de fondos girados por la Nación para hacer frente a la transferencia de escuelas medias a la provincia, que comenzó en 1992), apropiación indebida de recursos de la seguridad social, estafa en perjuicio del Estado nacional y de los docentes afectados, así como incumplimiento de los deberes de funcionario.
En los hechos, el eje de la investigación giraba en torno de la legalidad del sistema de la caja única, ideado por el actual gobernador José Alperovich en julio de 2001, precisamente cuando aún era ministro de Economía de Miranda (Ferre era el secretario de Hacienda), que centralizaba todos los recursos de que disponía la administración provincial, incluso los que habían sido asignados (por la Nación) con una finalidad específica, como la educativa, en este caso.
El 24 de noviembre de 2003, casi un mes después de la finalización del gobierno de Miranda, Gómez remitió al titular de la Fiscalía Federal Nº 1, Emilio Ferrer, los resultados de la actuación preliminar que había comenzado el 4 de junio de ese año, como consecuencia de una nota de la Comisión de Padres de Alumnos de Escuelas Transferidas Medias (Normales, Nacionales, de Comercio y Técnicas).
En la misiva, en la que le pedían una audiencia, los padres se quejaban de que la Ley Federal de Educación no podía aplicarse por falta de recursos, ya que la provincia, presuntamente, manejaba con discrecionalidad los fondos nacionales asignados para ese fin.
Como resultado de su actuación, Gómez había concluido que, pese a que la Nación remitía fondos expeditos para el pago de sueldos y cargas previsionales a los docentes, así como para dar operatividad al convenio de transferencia, el dinero entraba en la caja única. "En ella es destinado a la operatoria de canje de Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade). Esta decisión, ratificada por la Ley 7.152, legaliza lo que ya ocurría: quedarse con los pesos y pagar con Bocade a valor nominal, cuando, en realidad, la cotización de ellos en el mercado era muy inferior", argumentaba.
En declaraciones efectuadas entonces a la prensa, Gómez afirmaba que no se sabía cuál había sido el destino de más de $ 6 millones transferidos por la Nación.
Contragolpe
Dos días después de haber recibido las conclusiones de Gómez, Ferrer requirió a Parache que abriera la correspondiente investigación penal y que se la delegara a él en tanto representante del Ministerio Público. El ex magistrado se expidió afirmativamente el 5 de diciembre de 2003, pero tomó la instrucción a su cargo.
Además de haber ordenado medidas (muchas a pedido del fiscal), el ex juez tomó declaración testimonial a cerca de una decena de personas. No obstante, el 13 de abril de este año, siete días antes de que en el Boletín Oficial fuera publicado el decreto por medio del cual el presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia a Parache (la había elevado el 20 de marzo), Ferrer fue notificado de un hecho clave. Por medio del abogado Ricardo Scheuermann, Miranda había cuestionado la actuación preliminar practicada por Gómez y solicitaba que fuera declarada nula.
El argumento central esgrimido era que, en virtud del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando un agente fiscal recibe directamente una denuncia por la presunta comisión de un delito de acción pública debe poner el hecho inmediatamente en conocimiento del juez. Scheuermann agregó que, por su amplitud, la actuación preliminar había violado las garantías del debido proceso y de defensa en juicio de su cliente.
La defensa de Miranda tenía como antecedente dos actuaciones preliminares (las primeras) que, en diciembre del año pasado, Parache había declarado nulas. Lo volvió a hacer basándose -entre otros argumentos- en lo dispuesto por la resolución 121/06, del procurador General de la Nación, Esteban Righi (la cabeza de los fiscales), del 11 de septiembre de 2006, que estableció que aquellas actuaciones, en principio, no pueden prolongarse durante más de dos meses.
La hora de la Cámara
El 17 de mayo pasado, por medio de un texto con duros términos, Ferrer dedujo un recurso de apelación y hasta hizo reserva del caso federal para, eventualmente, llevar la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal consideró que Parache había incurrido en una contradictoria, llamativa y "sorpresiva arbitrariedad" por haber detectado "una supuesta nulidad absoluta después de tres años calendarios de haber intervenido en el proceso". Antes de renunciar, el ex juez dispuso que correspondía habilitar el recurso, razón por la que la palabra la tendrá ahora la Cámara Federal de Apelaciones.
"Es una resolución arbitraria y sorpresiva"
"Sorprende al Ministerio Público que las nulidades contra actuaciones cumplidas en el marco de competencias que le son propias y que hacen al fin para el cual fue creado siempre sean interpuestas en causas en las que están involucradas personas que detentan -o detentaron- cargos públicos y/o resultan cercanas a círculos de poder público". Esta fue la respuesta del fiscal federal Emilio Ferrer cuando le corrieron vistas de la presentación por medio de la que Ricardo Scheuermann, abogado del ex gobernador Julio Miranda, había solicitado al ex juez federal Jorge Parache que declare la nulidad de las actuaciones preliminares concretadas en la causa en la que el actual senador estaba imputado. Como Parache hizo lugar a la petición de Miranda, Ferrer apeló la decisión. "En sucesivas oportunidades, el juez proveyó medidas, citó testigos, tomó numerosas testimoniales, etcétera. En suma, dirigió la investigación sin nunca advertir causal de nulidad que, luego, pudiera invalidar la causa", dijo.
Ferrer calificó de contradictoria, arbitraria y sorpresiva la resolución que Parache dispuso 22 días antes de que se concretara su renuncia. "Después de más de tres años calendarios de haber intervenido detecta una supuesta nulidad absoluta, intentando hacer caer el proceso. Del devenir de la causa no era previsible una declaración de estas características", aseveró.
Finalmente, el fiscal atacó el argumento de Parache de que las actuaciones preliminares, según la resolución 121/06 de la Procuración General de la Nación, no pueden extenderse durante más de dos meses. "Esa resolución es del 11 de septiembre de 2006, por lo que resultaba de imposible aplicación (la actuación preliminar sobre Miranda databa de 2003)", acotó. LA GACETA (C)
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