Los violentos del fútbol atacan y la Justicia actúa

Justo en una etapa de definiciones en los distintos torneos de fútbol de la Argentina, un nuevo e insólito hecho de violencia volvió a instalar un tema para el cual se está muy lejos de hallar una solución. Los acontecimientos ocurridos el sábado en la final de la B Metropolitana que jugaban Almirante Brown con Estudiantes de Buenos Aires no sólo dejaron por enésima vez al desnudo cuánto se deben mejorar aún los dispositivos de seguridad. También quedó demostrado que, para los violentos, lo menos importante son los colores del club del que dicen ser fanáticos, enfrascados como se encuentran en su mundo de aberrante lucha de poderes en ámbitos que sólo debieran noticia por lo deportivo.
Lo ocurrido en la cancha de Racing en el partido por el ascenso delata una sinrazón absoluta. Antes del cotejo, un colectivo que traía a los jugadores de Estudiantes fue atacado a pedradas por hinchas de Brown, lo que generó que el juego se postergara casi por media hora. Ya con el juego iniciado, las agresiones volvieron a partir desde el sector ocupado por los hinchas del equipo que deportivamente se encontraba en una situación ventajosa, es decir, Brown. Tenía un penal a su favor y un hombre más en la cancha. Sin embargo, desde el sector que ocupaban sus parciales se lanzó una bomba de estruendo que cayó cerca del arquero de Estudiantes, por lo que el partido se vio interrumpido. Peor aún, los propios hinchas del equipo de Isidro Casanova se pelearon entre ellos poco después, y produjeron destrozos en el estadio del club que cobijó el match. Todo esto, frente a un supuestamente especial operativo policial.
La casi novelesca situación le pone un capítulo más a una historia en la que quienes deben frenar el caos declaman, planifican, amenazan pero terminan siendo convidados de piedra. Y quienes violentan y delinquen siguen adelante por un camino de total impunidad que cada día asusta más y daña la imagen del deporte.
Varias veces se planteó desde esta columna la necesidad de preguntarse cuál es el sentido de seguir adelante con la disputa de torneos, sobre todo en Buenos Aires, si nada de lo que se proyecte es efectivo para frenar a los barrabravas. Las sanciones deportivas no parecen ser suficientes. Ni siquiera el pregonado derecho de admisión logra evitar que estos acontecimientos se produzcan, dentro y fuera de un campo de juego.
Sin embargo, en Mendoza, como complemento a una serie de medidas preventivas y restrictivas, surgió en los últimos días una decisión tomada por el Ministerio de Justicia, que habrá que seguir atentamente. La disposición es clara: los clubes cuyas hinchadas provoquen desmanes perderán la posibilidad de seguir contando con servicio policial por parte del Gobierno provincial. En ese caso, las entidades que no participen activamente en la erradicación de este flagelo, deberán recurrir a contratar, por caso, servicios de agencias privadas de seguridad, si es que pretenden seguir compitiendo en los distintos torneos. La medida, además de perseguir el objetivo de disminuir la cantidad de hechos violentos, tiene como meta afectar un punto sensible de aquellos dirigentes que miran para otro lado cuando se habla del tema: el bolsillo.
Toma sentido la decisión en el aspecto de que no puede verse afectado ni el factor humano, ni la infraestructura en seguridad ni los dineros públicos que se destinan para pagar sueldos a la policía para frenar a quienes sólo van a un estadio a quebrantar la ley y las normas de conducta. Ahora habrá que ver si lo decidido se torna efectivo y, si así fuera, si podrá trasladarse al resto del país.