El botón de muestra

El régimen político que instaló la Constitución de 2006 empezó a mostrar para quién fue diseñado. De todas reformas impugnadas judicialmente el año anterior, la única que se mantiene operativa es la de la Junta Electoral Provincial (JEP). Es una institución añeja que no pudo ser reemplazada por la creación de un juzgado electoral especializado, a similitud del existente en la órbita federal. La propuesta la hizo en la década del noventa el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Ponsati, con la complejidad que adquiría la lucha electoral -la plétora de sublemas aún no había alcanzado el esplendor de 2002-. Sintetizaba además, como pocos, su doble experiencia política y jurídica al esbozar el planteo. La idea de Ponsati cayó en saco roto y de aquellos incipientes males derivaron las impurezas actuales. Los reformadores de la coalición alpero-jurista impusieron en el corazón de la Constitución vigente un formato de tribunal electoral que cristaliza la supremacía de los poderes políticos gobernantes sobre la mayor equidistancia que supone la intervención de la Justicia. Hasta 2006, formaban parte del órgano que atiende todo lo relativo a los problemas internos de los partidos y a las elecciones de candidatos provinciales, un solo representante del poder político -el vicegobernador- y dos de la Justicia- el presidente de la Corte y el ministro fiscal del mismo tribunal-. Después de las enmiendas, la composición cambió: el poder político es mayoría con el fiscal de Estado y con el vicegobernador; en minoría, el presidente de la Corte.
¿A quién favoreció tamaña distorsión de la legislación? A Alperovich, sin dudas. Juri contribuyó a establecerlo porque calculaba que iba a ganar en la elección interna del peronismo, pero no eso ocurrió. El efecto mortal del nuevo orden institucional lo padeció la experimentada dirigente Olijela Rivas, que fracasó en su proyecto de esquivar las consecuencias del acuerdo ( ¿capitulación?) de Juri con el gobernador y se quedó sin el pan y sin la torta.
La JEP rechazó de plano la oficialización de listas de candidatos a cargos legislativos para la interna partidaria del 17 de junio. Rivas y sus aliados creían que podían insertarse en la lista oficial del partido en las secciones este y oeste, relegando más aún a los legisladores juristas que pretender ser reelectos. El vicegobernador bloqueó el intento, pese a que era parte interesada y a que entre Alfredo Dato (Corte Suprema) y Antonio Estofán (fiscal de Estado) hacían mayoría por el rechazo. Juri no se excusó de votar en el asunto, en resguardo de una supuesta independencia de criterios. Si así se trata a la disidencia en un tema interno del partido gobernante, el futuro que le aguarda a la oposición -que salió desesperadamente a conquistar bancas legislativas- no es para nada halagüeño. Los delegados de los poderes políticos -Juri y Estofán- pueden desequilibrar situaciones conflictivas en favor de postulantes oficialistas en la próxima elección provincial de agosto.

Reforzando el dispositivo
El episodio de Rivas en la Junta Electoral Provincial hace pensar que se abre una fase de democracia electoral condicionada por la preeminencia de los factores que pretenden afianzar el proyecto continuista. La reelección no sólo beneficia al gobernador sino también a un enjambre de legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales repartidos en toda la geografía tucumana. Ellos son el establishment que apuntaló una Constitución que debía devolverle con réditos la inversión realizada.
La posibilidad de discrepancia con el alperovichismo dominante en el PJ se reduce cada día en forma acelerada. El vicegobernador se dedicó a tapar filtraciones. Mediante el sistema de acople incorpora a dirigentes enojados al aparato alperovichista. La norma constitucional posibilita que partidos neoperonistas de alcance provincial propicien nóminas propias para cargos legislativos y apoyen a un único candidato a gobernador, que no es otro que Alperovich.
En mejor posición estarán quienes prueben suerte bajo el paraguas del gobernador, que controla el aparato justicialista. Hacia ellos fluirá seguramente el mayor caudal de recursos financieros y políticos.
Los juristas, que están ubicados en los puestos inferiores, competirán con los políticos ascendentes de la sociedad de los ex radicales y ex bussistas del Frente de Participación Cívica (Osvaldo Morelli, Ramón Graneros, Jorge Mendía y Miguel Brito), además del bussista arrepentido Carlos Canevaro (Unión del Norte Grande). En esa feroz guerra quedarán envueltos otros hombres cercanos al ex vicegobernador, como Oscar Godoy, Fernando Juri Debo y Alejandro Martínez.

¿ Y los otros en qué andan?
El oficialismo maniobró hábilmente y llenó de complejos de culpa a la dispersa y anémica oposición. ¿Se puede ser candidato a gobernador y a legislador? Legalmente no existe impedimento de ninguna especie. Se trata, simplemente, de una herramienta más que se puede usar o no según la flexibilidad de los operadores partidarios. En el plano político crea contradicciones en alianzas construidas con cierta heterogeneidad de ambiciones.
La cuña principista erosiona el proyecto común cuando el pretendiente a la gobernación busca en forma simultánea una banca en la Legislatura y sus socios ven que enfrentan una competencia desleal. Se frustraron, así, algunas sociedades multipartidarias que soñaban con fastidiar a la Casa de Gobierno. Cuando, en cambio, existen compatibilidades, el proyecto madura. Que le vaya a ir medianamente bien en las urnas es harina de otro costal. En que Esteban Jerez atraiga los favores de los antialperovichistas más furiosos radica la chance de la entente que este formó con el sindicalista y legislador de la UCR Roberto Palina.
Los descontentos con la Casa de Gobierno tienen también otras opciones para no quedarse cruzados de brazos ante el descomunal avance del aparato estatal comandado por Alperovich. Desde luego, el laborismo de Osvaldo Cirnigliaro, la Fuerza Republicana de Ricardo Bussi, el radicalismo de Mario Marigliano, Recrear de Pablo Walter y el Partido Obrero son ofertas para ese espacio social e ideológico heterogéneo. Todos ellos proponen rivales para luchar contra el gobernador.
Al mercado electoral quieren llegar también organizaciones políticas que no patrocinan fórmulas de gobernador y vice, por diferntes razones. Sus jefes acometen la empresa del 26 de agosto basados en sus convicciones y alianzas en ambientes específicos. Pueblo Unido, con Gumersindo Parajón, es uno de esos casos, que sólo participará en la capital. La democracia cristiana, con su reciente adhesión a Elisa Carrió, espera tonificar a su presidente José Páez. Cada vez más desprendido del tronco oficial del PJ, Enrique Romero rema con Cruzada Peronista con destino incierto y perfil autónomo. El frente de Alejandro Sangenis y Rodolfo Danesi aún se mantiene en la bandera contra la doble candidatura. Para ellos y para los citados antes, la lucha por una banca será harto áspera.