Tiempos nuevos, pero unicato sindical

Ha comenzado en Ginebra, y se prolongará hasta el 15 del corriente, la 92ª Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de las Naciones Unidas cuya competencia son las relaciones e intereses laborales de los países miembro, con excepción de aquellos donde, por sus regímenes políticos totalitarios los mismos se hayan bajo control del Estado. A la asamblea asisten no sólo delegaciones sindicales, de empresarios y altos funcionarios de gobierno. La agenda de esta oportunidad incluye temas sobre decencia e igualdad laboral, trabajo infantil, empleo forzoso, desarrollo económico y empleo sostenible y la delegación argentina estará integrada oficialmente por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial, a la que se sumará más adelante, la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, quien pronunciará un discurso relacionado con dicho temario. Además de esa delegación, también estarán en Ginebra representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTI), una organización que no dispone de personería gremial pero tiene voz sin voto, a pesar de contar en sus filas con gremios de plena capacidad jurídica. La agenda de la OIT no es excluyente de otras cuestiones que puedan surgir en algún debate, como ocurre generalmente con el tema de la libertad sindical, donde nuestro país sigue contando con una mala nota.
No será en eventuales debates donde intervenga la senadora Fernández de Kirchner, que acaba de afirmar en el Seminario Internacional sobre Modernización del Estado que debe haber mayor democracia en las sociedades y una consolidación de la producción y el trabajo, entre los próximos retos. Esa vocación y esperanza es una vieja inquietud en nuestro panorama sindical, donde la Ley 23.550 de asociaciones laborales creó una personería gremial excluyente que asigna a las organizaciones más numerosas por rama actividad económica el derecho a representar los intereses específicos de los trabajadores. Se trata históricamente del viejo brazo sindical peronista que configura un unicato y está vinculado a los gobiernos con esa procedencia ideológica, incluido el actual. Las restantes organizaciones, alrededor de 2.000, sólo disponen de personería jurídica que no las habilita para negociar salarios y otros derechos, o recibir los subsidios que el Gobierno otorga a entidades sindicales de salud. Ese régimen contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la libertad de asociación laboral con derechos iguales y la inscripción en un registro. Igual ocurre con todos los acuerdos internacionales incluidos en la Carta Magna en 1994 con carácter vinculante y entre los que son capitales la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Por su parte, el Convenio 87 de la OIT formaliza un reiterado pedido a la democratización del sindicalismo argentino, donde es posible la afiliación, más no la asociación con derechos plenos propia de la democracia sindical. La presencia de la senadora Fernández de Kirchner en Ginebra y su eventual postulación presidencial, podría ser una oportunidad para anunciar el punto final de esa situación que remite a la añeja Carta del Lavoro mussoliniana, al menos, como compromiso.
La restauración constitucional mantiene todavía un pesado anacronismo como el del unicato sindical que impide a los trabajadores de toda condición el goce pleno de la democracia al negárseles la libertad para asociarse.