La cláusula violada del contrato social argentino

En los últimos 10 días, los integrantes de los poderes políticos formularon propuestas y protagonizaron hechos que riñen con el sistema republicano que fija la Constitución.

A mediados del siglo XVIII, el filósofo inglés John Locke escribió en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil que los cimientos de la sociedad moderna estaban dados por un contrato social que recibe el nombre de Constitución y de cuyos principios rectores emanan nada menos que las leyes. Mediante ese acuerdo colectivo, los hombres buscaban consagrar un sistema de vida en el que no primara la salvaje ley del más fuerte. Por ello, renunciaban a la costumbre -si se quiere, instintiva- de satisfacer sus demandas por medio del hacha. Y delegaban en las instituciones la regulación de convivencia y la solución de los conflictos. Pero a la vez, en ese mismo convenio, pusieron límites concretos para aquellos en quienes delegaban ese poder. Porque, en definitiva, de lo que se trataba era de poner a resguardo la vida, el honor y los bienes de las personas. De eso, y no de otra cosa, se trataba el progreso, aseveraba Juan Bautista Alberdi, quien fijó las bases de nuestra Constitución.
El contrato social argentino, justamente, recoge ese espíritu desde su primera cláusula. El artículo 1° de la Carta Magna manda: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”. Allí está pautado que las provincias están en pie de igualdad, que el pueblo delega su mandato en representantes y, fundamentalmente, que habrá tres poderes que se controlarán entre sí, sin que ninguno prime sobre otro. En los últimos 10 días, Tucumán ha presenciado propuestas, y también hechos, que constituyen toda clase de violaciones contra este pacto comunitario.
La cena brindada por el gobernador para legisladores y para candidatos a parlamentarios fue el primer escenario. Ya la escena le hace un flaco favor a la división de poderes: el mandatario aparece dándoles de comer en su casa a quienes deben cumplir la función constitucional de controlarlo, en lo que antes sirvió como el comedor para convencionales constituyentes durante la reforma de la Carta Magna local.
Pero el problema no fue sólo la foto, sino los diálogos que no aparecen en ella. Y como no se comportaron con arreglo a las formas de sus cargos, tampoco cuidaron la forma republicana de Gobierno. El anfitrión, sin ruborizarse, pidió que dicten una ley que le permita inaugurar obras públicas incluso durante el día de los comicios. Ese es el sinceramiento del Estado: para que no haya quien sospeche que se hace política con los fondos del contribuyente, mejor establecer eso mismo con fuerza de ley y que a nadie le quede ninguna duda.
No hubo reparos. No pudo haberlos: ahí estaban los reformadores que establecieron en la Constitución provincial que los funcionarios no deberán pedir licencia de sus cargos para hacer proselitismo. Porque lo que no está prohibido, está permitido. Y el preámbulo, por desgracia, carece de un postulado que fije que el Estado no sólo será honesto: también lo parecerá.
Pero no bastó. El mandatario mandó, y los parlamentarios parlaron, que la próxima legislatura tendrá la mitad del presupuesto, mientras que sus miembros ganarán el triple de la dieta actual. Es curioso el espíritu republicano de esta gente. Diseñaron un Poder Legislativo debilitado presupuestariamente, pero cuyos miembros gozarán de dietas de engorde. Porque la discusión no giró en torno de la calidad del gasto público de la Cámara: el único objetivo es menguar sus recursos y -sería ingenuo no advertirlo- debilitarla materialmente. A cambio, el mismo Poder Ejecutivo que les negó el 82% móvil a los jubilados transferidos, no planteó objeciones en pagar $ 9.000 a los representantes de esos jubilados. (Se ve, los problemas con el artículo 1º de la Ley de Leyes no sólo tienen que ver con el mandato “republicano”, sino también con el postulado “representativo”)
Respecto de la Justicia entienden igual. Durante el curso de esta semana, el Poder Judicial al cual los constituyentes alperovichistas negaron la posibilidad de dictar su propio presupuesto, criticó el aumento salarial no remunerativo del Gobierno. Ese que la patria sindical aplaude a rabiar repitiendo mendazmente que es del 30%. La Corte también advirtió que no tiene recursos para pagar el incremento a los judiciales. El gobernador contestó que va a darles a los magistrados lo que le pidan. Porque este Gobierno entiende que a los otros poderes nada les corresponde, sino que todo deben ir a pedírselo a los despachos que tienen vista hacia la plaza Independencia.
En esa lógica están montados los superpoderes: en 150 días, el Gobierno incrementó el Presupuesto 2007 en $ 400 millones. Equivale a acumular recursos para abrir una segunda Municipalidad de la capital. Pero sólo lo comunica a la Legislatura, porque a los representantes del pueblo no les corresponde entender sobre el destino del dinero del pueblo. Y eso es así porque los propios legisladores, esos a los que el mandatario les da de comer en su casa, lo permitieron.
En el mismo siglo que Locke, el filósofo escocés David Hume sostuvo, en Indagación sobre los Principios de la Moral, que el progreso de las naciones se funda en el principio del cumplimiento de los contratos. Tal sentencia, trasladada al orden republicano, hace eco en las palabras del Barón de Montesquieu, quien concibió un poder que legislaba, otro que interpretaba las leyes y otro que las ejecutaba; y que advirtió que la función de uno no les correspondía a los otros. “Virtud es el amor a la patria y a las leyes”, escribió Charles-Louis de Secondat, también en el siglo XVIII.
En definitiva, la base del desarrollo de los pueblos se funda no sólo en un principio institucional, que es la letra de la Constitución, sino también en un principio moral, que es la decisión de acatarla.
Pero en Tucumán, dos siglos de doctrina contractual y republicana no resisten 10 días de libre alperovichismo.