Indagatorias en la causa "Taranto"

Se investigan presuntas irregularidades en perjuicio del Estado. El juez Parache es el tercer imputado, aunque en carácter de presunto partícipe necesario.

Hoy comenzarán las declaraciones indagatorias dispuestas en las causas vinculadas a presuntas irregularidades en perjuicio del Estado nacional con títulos de la deuda pública que manejaba Jorge Parache, quien el viernes dejará de ser titular del juzgado Nº 1.
Para las 10 de hoy y para la misma hora de mañana fueron citados declarar como supuestos autores de una presunta defraudación en perjuicio del fisco Antonio Taranto y el abogado Daniel Martín, respectivamente. La convocatoria fue ordenada por Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, a partir de un requerimiento del fiscal Carlos Brito.
El tercer imputado, aunque en el carácter de presunto partícipe necesario, es nada menos que Parache. Este, a fines de febrero, previendo que Racedo también podía citarlo, como lo había requerido Brito, había cuestionado la constitucionalidad de la Ley 25.380, que permite que los magistrados –entre otros- comparezcan a prestar declaración indagatoria sin necesidad de que, previamente, sean destituidos. Este planteo, que no alcanzó a ser resuelto, devendrá abstracto a partir del viernes, cuando Parache deje de ser juez y no goce de prerrogativas constitucionales.
No obstante, antes de que Parache pueda ser citado la Cámara Federal de Apelaciones tiene que expedirse sobre otro incidente planteado por el todavía magistrado. Tanto en la causa “Taranto” como en la  “Scaravilli López” (en ambas está imputado), Parache recusó a Brito. Racedo rechazó tal pretensión y Parache recurrió la resolución, razón por la cual la última palabra la tendrá la Cámara, a cuyos cinco vocales también recusó el aún juez.
En la causa “Taranto”, Brito requirió a Racedo que citara a Taranto, a Martín y a Parache el 17 de octubre, un día antes de la fecha prevista para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados anunciara su veredicto –finalmente a favor de la destitución- en relación con el entonces titular del juzgado federal Nº 2, Felipe Terán (también por títulos públicos) y 48 horas antes de la sesión de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en la que Parache debía ampliar su descargo en el marco del sumario en su contra también por el tema de los bonos. Este quedó archivado como consecuencia de su renuncia.
Racedo investiga el $ 1,3 millón que, en febrero de 2005, el Estado depositó en la cuenta de Taranto a partir de una medida cautelar dispuesta por Parache. Taranto, con Martín como abogado, había accionado contra la normativa que, tras la salida de la convertibilidad, pesificó a $ 1,4 más CER por dólar los títulos de la deuda pública. Según Brito, Parache ordenó al fisco que se abstuviera de concretar dicha pesificación pese a que los títulos, en lo que se supone fue una maniobra especulativa, habían sido adquiridos a bajo precio después de la declaración de default.

Racedo seguiría por un año más

Como consecuencia de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es posible que hoy el abogado Mario Racedo quede automáticamente confirmado durante un año más al frente del juzgado federal Nº 2, sin necesidad de que el Consejo de la Magistratura de la Nación lo ratifique expresamente.
A partir de las 11.30 sesionará n Buenos Aires la comisión de Selección de Magistrados. En el orden del día figura el tratamiento de la terna de postulantes que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán remitió para cubrir la vacancia generada como consecuencia de la destitución, por mal desempeño, de Felipe Terán, el 18 de octubre de 2006.
Fueron propuestos, además del propio Racedo, que está al frente del despacho desde el 4 de julio de 2006, tras la suspensión de Terán, Ricardo Maturana y Alicia Noli; esta asumirá mañana como vocal interina del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en reemplazo de Oscar Emilio Sarrulle, quien renunció en 2005.
A pesar de que la terna fue elevada, en la comisión de Selección, integrada por ocho consejeros y presidida por Luis María Bunge Campos, prima el criterio de que, después del pronunciamiento de la Corte en la causa “Rosza”, no hace falta ninguna otra decisión.

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