Fallo necesario pero contradictorio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional el régimen de jueces interinos o subrogantes, mediante el cual se han cubierto más de 200 cargos judiciales en el país eludiendo las exigencias  de los artículos 99, inciso 4°, y 114 de la Constitución nacional. En ellos se dispone que el Consejo de la Magistratura elegirá una terna de candidatos, entre los que el Presidente elegirá y enviará su pliego al Senado. Pero la declaración del supremo tribunal de Justicia evidencia que ha debido incurrir en cierta contradicción ante la necesidad de prorrogar por un año el tiempo de esa situación irregular por la situación que produciría en el Poder Judicial la eliminación inmediata de los cargos cuestionados. Doce meses, se estima, requerirá la normalización de la Justicia en el sector, tiempo también para meditar sobre otra grave realidad institucional que se advierte en la vida pública del país. Por la misma, son numerosos los jueces carentes de estabilidad en sus cargos y expuestos a presiones que les llegan desde el Consejo de la Magistratura; situación más delicada aún si se trata de jueces con competencia electoral, especialmente en un año de elecciones. Esos magistrados transitorios y designados inconstitucionalmente disponen procesamientos y juicios orales, cuyos cuestionamientos por la razón señalada son llevados hasta la Corte Suprema.
   Se trata indudablemente de una crisis provocada por el Consejo de la Magistratura al no cubrir apropiadamente las vacantes que se producen en la Justicia. El último caso, por cierto, posterior al fallo del tribunal supremo, de Esteban Furnari en lo contencioso administrativo, apoyado por la consejera kircherista Diana Conti. La causa matriz de esa irregularidad es el prolongado tratamiento de los concursos que sustancia el Consejo, que nombra, por ello, subrogantes marginando la ley suprema. La extraña solución que buscó la Corte Suprema para no provocar un problema mayor como el expuesto trata de poner fin a nueve años de objetable actividad del organismo que, en lugar de transparentar la designación de magistrados, provocó más problemas que soluciones. Cabe agregar que su reducción de integrantes por un proyecto oficialista lo ha colocado prácticamente al servicio de esos intereses políticos, circunstancia que hacen innecesarias, de hecho, las intervenciones del Presidente de la Nación y del Senado.
   Por su parte, la Asociación de Magistrados ha propuesto como solución a ese interregno anual al que la Corte Suprema se ha sentido obligada una alternativa razonable. Consiste en conformar una suerte de bolsa de trabajo de jueces interinos mejor calificados de cada concurso, aprobados por el Presidente y por el Senado, de tal forma que cuando haya una vacante pueda cubrirse constitucionalmente.
   Son numerosos los casos en que desde hace un tiempo peligrosamente prolongado la carencia de institucionalidad se hace evidente, pero el más grave de todos afecta, por las razones apuntadas, al Poder Judicial, cuyas falencias contribuyen más que en ningún otro caso a la inseguridad jurídica que afecta los intereses de la Nación y a los propios ciudadanos sometidos a un sistema de justicia influido por la dependencia del poder político. Hasta el punto que la propia Corte Suprema debe ponerse en evidencia después de ser colocada en un callejón sin salida, como es descalificar por inconstitucional el estado de cosas irregulares que no podrá impedir durante un año más.