El ministro Paz negó haber evadido al erario

El acto procesal no duró ayer más de media hora. El ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, negó terminantemente haber violado el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria 24.769, que tipifica el delito de evasión fiscal. Ahora, Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, que lo había citado a declarar como imputado, estudiará si es procedente el planteo que previamente habían efectuado los abogados del funcionario, Guillermo Jaureguiberry y José Antonio Sarmiento.
Racedo convocó a Paz a partir del requerimiento del fiscal federal Carlos Brito, que, a su vez, se hizo eco de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI). Según esta, en la declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período 2002, efectuada por Paz en su carácter de productor agrícola, fueron consignados como erogaciones (de fondos) arrendamientos de campos.
Durante una inspección, supervisores de la AFIP-DGI solicitaron la documentación que respaldara tal afirmación y, frente a la falta de acreditación de los respectivos contratos, concluyeron que existía una diferencia de unos $ 300.000 (Paz había consignado arriendos por $ 798.690 y la AFIP-DGI determinó que, como consecuencia de la falta de documentación, la suma por ese rubro sólo ascendía a $ 498.690). Como consecuencia del ajuste practicado, el órgano recaudador entendió que Paz debía $ 105.000, con lo que quedaba incluido en la Ley Penal Tributaria.
Durante la declaración de ayer, Paz habría asegurado que la formalización de los arriendos (para la siembra de papa, en su caso) no siempre es posible por los usos y costumbres imperantes en el ámbito rural y, en otras, porque lo impide la irregular situación dominial de las tierras pertenecientes a pequeños minifundistas. Jaureguiberry manifestó a LA GACETA que su cliente aclaró toda la situación. "No hay motivo para ninguna investigación", aseveró.
Ahora, Racedo le correrá vistas al fiscal (para que opine) sobre un planteo previo de la defensa. Esta había solicitado la aplicación de la Ley 25.401. Esta norma, parcialmente derogada en 2002, establecía que, frente a una denuncia de la AFIP, el Ministerio Público Fiscal debía desistir de toda actuación penal si el contribuyente se había presentado espontáneamente a regularizar sus obligaciones. La defensa aclaró que Paz se acogió al plan RAFA (de asistencia financiera ampliado) por la deuda correspondiente al período fiscal 2002 del Impuesto a las Ganancias.