Por Redacción Política
28 Mayo 2007
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Esta mañana, el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, declaró ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, como imputado por presunta evasión fiscal en su actividad privada como productor de papa.
En Tribunales Federales, el funcionario negó los cargos que se le imputan y aseguró haber realizado su declaración jurada tal como se lo enseñó su contador. Paz agregó que, en su sector, a veces no se realizan contratos en los arrendamientos de fincas a terceros y que estos se hacen de palabra.
Racedo había convocado a declarar a Paz el 17 de mayo. Sin embargo, sus abogados Guillermo Jaureguiberry y José Antonio Sarmiento pidieron la suspensión de la audiencia.
Los letrados solicitaron la aplicación del artículo 73 de la Ley 25.401, que establece que, frente a una denuncia formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal debe desistir de toda actuación penal si el contribuyente se presentó espontáneamente a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o previsionales.
Los abogados precisaron que, antes de la denuncia de la AFIP, Paz se había acogido al plan RAFA -de asistencia financiera ampliado- por la deuda correspondiente al período fiscal 2.002 del Impuesto a las Ganancias. Aunque reconocían que la Ley 25.041 fue parcialmente derogada en 2002, sostenían que debía ser aplicada en virtud del principio que manda considerar la ley penal más benigna para los intereses del imputado.
Pese a no haber desestimado el planteo, Racedo llamó nuevamente a que Paz declarara a partir de un requerimiento realizado por el titular de la Fiscalía Federal Nº 2, Carlos Brito. Según este, la diferencia entre lo que Paz declaró que debía al fisco y lo que realmente habría adeudado asciende a $105.000. LA GACETA (C)
En Tribunales Federales, el funcionario negó los cargos que se le imputan y aseguró haber realizado su declaración jurada tal como se lo enseñó su contador. Paz agregó que, en su sector, a veces no se realizan contratos en los arrendamientos de fincas a terceros y que estos se hacen de palabra.
Racedo había convocado a declarar a Paz el 17 de mayo. Sin embargo, sus abogados Guillermo Jaureguiberry y José Antonio Sarmiento pidieron la suspensión de la audiencia.
Los letrados solicitaron la aplicación del artículo 73 de la Ley 25.401, que establece que, frente a una denuncia formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal debe desistir de toda actuación penal si el contribuyente se presentó espontáneamente a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o previsionales.
Los abogados precisaron que, antes de la denuncia de la AFIP, Paz se había acogido al plan RAFA -de asistencia financiera ampliado- por la deuda correspondiente al período fiscal 2.002 del Impuesto a las Ganancias. Aunque reconocían que la Ley 25.041 fue parcialmente derogada en 2002, sostenían que debía ser aplicada en virtud del principio que manda considerar la ley penal más benigna para los intereses del imputado.
Pese a no haber desestimado el planteo, Racedo llamó nuevamente a que Paz declarara a partir de un requerimiento realizado por el titular de la Fiscalía Federal Nº 2, Carlos Brito. Según este, la diferencia entre lo que Paz declaró que debía al fisco y lo que realmente habría adeudado asciende a $105.000. LA GACETA (C)
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