La Justicia no tiene plata para dar el aumento fijado por el PE

El Poder Judicial no dispone de los recursos suficientes para pagar a sus empleados un aumento salarial en el orden de lo dispuesto por el Ejecutivo. Para poder decidir al respecto, necesitará un aporte especial del Tesoro provincial, lo que ya ha comenzado a ser evaluado entre funcionarios de los dos poderes.
Sin embargo, el análisis está centrado en la variable sobre la que regirá la mejora de sueldos. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Dato, adelantó que no comparte el criterio aplicado por el PE. La suba pautada por la Casa de Gobierno es un adicional no remunerativo ni bonificable, por lo que no incrementa el básico pero tampoco está sujeto a descuentos ni a aportes. En cambio, la idea que se maneja en los tribunales es que todo incremento cotice para el sistema jubilatorio.
"Somos muy cuidadosos de la condición de las retribuciones. Disponer mejoras de haberes con carácter no remunerativo sería transgredir lo que estamos tratando de que funcione, como es un régimen previsional determinado en un estamento especial. Si otorgamos un aumento, defenderemos la condición de que sea remunerativo", detalló Dato.
La referencia del juez supremo es respecto de la inclusión de los miembros del Poder Judicial provincial en el sistema previsional de los magistrados y funcionarios nacionales, que implica un 82% móvil en las jubilaciones a cambio de un aporte diferenciado. Este mecanismo aún no está siendo aplicado por problemas de interpretación de algunas cláusulas; por ello, se intentará evitar que cualquier novedad conspire contra el objetivo de alcanzar el acuerdo trazado.

Garantizar fondos
Dato puntualizó que existe la obligación de garantizar la provisión de recursos suficientes al esquema jubilatorio para que se pueda afrontar el pago de haberes a los pasivos.
"Debe haber sintonía fina respecto de los montos que se pueden dar como incremento, sin modificar la ecuación de aportes. Es un problema conceptual; debemos defender esta idea como se lo viene haciendo desde 1992, cuando la Corte (con otra composición) rechazó el segmento no remunerativo de los sueldos", recordó. El titular de la Corte señaló, además, que, dado un aumento, no habrá diferencia porcentual entre los magistrados, los funcionarios y los empleados. "Con los recursos actuales, la Justicia no está en condiciones de disponer absolutamente ningún incremento, por lo que, de hacerlo, se deberán pedir nuevas partidas presupuestarias", concluyó.


La Asociación Gremial de Empleados Judiciales solicitó a la Corte Suprema de Justicia que el aumento salarial dispuesto por la Provincia para los trabajadores estatales abarque también a los de tribunales. Pero el sindicato reclamó que el 30% sea tanto remunerativo como bonificable, a diferencia de lo dispuesto por el decreto 1.783 por el Poder Ejecutivo. De manera complementaria, la entidad aseguró que el incremento de bolsillo no puede ser inferior, en ningún caso, al 16,5% logrado por los judiciales nacionales.
El gremio que lidera Ada Altuve pidió además, en una reunión mantenida con Alfredo Carlos Dato, que se aplique un porcentaje mayor de mejora a las grillas de empleados que menos ganan y que se reduzca la brecha entre los salarios de magistrados y de funcionarios.
La mejora en los sueldos debe ser conseguida a partir de una presupuestaria partida especial que le remita el PE, mediante un decreto especial. Luego, la Corte tiene que disponer cómo se distribuirán esos recursos entre las distintas categorías.
"Hemos encontrado muy buena predisposición y el eco que esperábamos. Hay un exceso de trabajo en todos los juzgados, porque todos los fueros están colapsados. Existe la mejor predisposición de los trabajadores para que los expedientes estén al día, pero la tarea es demasiada", señaló Altuve. Remarcó que, a diferencia del PE, en la Justicia no se cobran pagos adicionales al sueldo, como ser presentismo, extensión horaria o dedicación exclusiva.