Por Redacción Política
27 Mayo 2007
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Al amparo del acople, muchos dirigentes políticos que no encontraron lugar en las listas de candidatos de las estructuras tradicionales se lanzaron a la aventura de contar con su propio movimiento. Formar un partido político demanda cumplir con una serie de exigencias ante la Junta Electoral Provincial (JEP), pero también requiere que el impulsor cuente con recursos para afrontar los gastos mínimos que exige la realización de las gestiones.
Tras la reforma constitucional de 2006, se incorporó en el texto de la Carta Magna provincial una mención especial en la que se destaca a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático (artículo 43). Pero a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional (artículo 38 de la Constitución de 1994), en Tucumán las normas no obligan al Poder Ejecutivo a colaborar económicamente con el sostenimiento de las fuerzas provinciales.
Esto obliga a los interesados a solventar de sus propios bolsillos el costo que implica la formación de un partido político. Según muchos de los dirigentes que gestionaron su propio sello político ante la JEP, los gastos pueden ser ínfimos o elevados, según la pretensión de cada uno. Así, explican, con $ 1.000 basta para completar los trámites oficiales; pero la cifra puede trepar a $ 5.000 o más si se quieren adosar otros servicios.
La cifra varía, también, según el rango del partido en cuestión, ya que algunos dirigentes optan por contratar personal que recorra sus zonas de influencia para llenar las fichas. Esta tarea, por ejemplo, se paga entre $ 10 y $ 15 por día. Y el costo de este servicio guarda relación con el número de afiliaciones que se deban conseguir. Un partido provincial, por ejemplo, demanda un piso de unas 3.700 fichas; mientras que uno de alcance municipal en Yerba Buena, por ejemplo, exige de apenas 170 afiliaciones. Pero en ninguna de las 93 comunas rurales se necesita confeccionar un padrón interno que reúna a más de 50 vecinos.
Como la Junta Electoral sólo proporciona un modelo de ficha, la impresión corre por cuenta del interesado. En este caso, imprimir unas 1.000 fichas de afiliación (en blanco y negro) cuesta alrededor de $ 250. Paralelamente, se debe designar un apoderado legal (como muchos de los impulsores ocupan cargos públicos, cuentan con asesores para hacer la tarea), establecer una sede y constituir domicilio. Esto obliga, en muchos casos, a alquilar oficinas o un local más amplio. Otro gasto ineludible es la confección de los sellos institucionales para las autoridades (por lo general, cinco). El precio por cada uno oscila entre $ 20 y $ 25.
Algunos dirigentes, por ejemplo, optaron por contratar a consultoras especializadas, lo que encarece aún más el trámite. Definir un nombre para el partido, elaborar una marca y diseñar un logo distintivo puede costar aproximadamente $ 5.000.
afiches suele encargar un postulante a legislador o concejal. Los más baratos, a color y en papel doble sábana, cuestan entre $ 0,70 y $ 1.
$ 1.200 a $ 1.500
cuesta la producción de un corto televisivo. Los programas de TV por cable suelen cobrar $ 500 mensuales por la publicidad proselitista.
$ 7 a $ 10
es el costo de cada remera estampada. Por lo general, se compran entre 100 y 400 unidades, según el candidato.
$ 50
es el precio mínimo de un pasacalles, pero los de mejor calidad cuestan $ 150.
$ 200
cuesta el alquiler de un equipo de sonido para actos proselitistas.
$ 45.000
aproximadamente cuesta la impresión de un millón de votos. Por lo general, un partido provincial imprime entre tres y cuatro veces el total de votantes (de tres a cuatro millones de boletas, aproximadamente).
$ 20
por cada encuestado cuesta encargar un sondeo. En general, se recomiendan consultar entre 300 y 600 personas.
$ 200.000
es el costo total estimado de una campaña austera para legislador.
La estrategia judicial está habilitada por la ley 23.298 (Orgánica de Partidos Políticos), que dispone que el juez federal electoral Jorge Parache es el competente para entender en estas cuestiones.
La junta del PJ rechazó la lista de Rivas con el argumento de que no tenía los avales exigidos, lo que fue terminantemente desmentido por el apoderado de ese sector, Carlos Brito. "La documentación fue recibida en mano propia por Marcelo Caponio; se los di yo y él los contó personalmente. Tengo más de 40 testigos que serán ofrecidos a Parache. La junta no recibía ningún papel si antes no chequeaba que estuviesen todos los avales exigidos y hay pruebas de ello", señaló.
Brito señaló que pretenden que Parache revoque la resolución de la junta por ser absolutamente arbitraria y no estar a derecho, y ordene la inclusión del sector de Rivas en la interna. Aparte de este planteo estrictamente civil, adelantó que harán una denuncia penal en la Justicia provincial contra los responsables electorales del PJ por desbaratamiento de derecho, falsedad ideológica y destrucción de documentación.
Ayer también, los dirigentes quisieron presentar copia de los avales en el partido, pero no había ninguna autoridad para recibirlos.
Encuentro Social se presentará en Yerba Buena
El partido Encuentro Social (ES) tiene personería política, pero limitada al municipio de Yerba Buena. La agrupación kirchnerista postulará a José Domián como intendente de esa ciudad. "Nos proponemos integrar Yerba Buena con políticas de empleo para quienes fueron marginados y excluidos en sus oficios. El principal desafío es mejorar la seguridad ciudadana, para lo cual se debe rearticular la organización municipal", afirma Domián. Quiere también convocar a comicios del cuerpo estatuyente municipal (debe dictar la Carta Orgánica) y continuar con las obras públicas.
Bussi (h) fustiga la política oficial de seguridad
La estrategia en materia de seguridad sigue siendo el principal flanco de críticas de los opositores al Gobierno. "Es evidente que José Alperovich no tuvo la más mínima idea de cómo se debe tratar un tema de Estado", aseveró el titular de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. El candidato a gobernador dijo que Alperovich se burla de la gente cuando afirma que, en los próximos 90 días, se avanzará en la lucha contra la inseguridad. "¿Qué estuvo haciendo durante estos tres años y medio de gestión? ¿Sólo se acuerda de la inseguridad cuando falta poco para las elecciones?", fustigó Bussi (h).
Exigen a Dato que separe a los jueces corruptos
El legislador radical, Juan Roberto Robles, le reclamó al titular de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Dato, que separe de inmediato de sus cargos a los fiscales y a los jueces corruptos y disponga auditorías en sus despachos para que no le hagan daño a la sociedad. "Estamos autorizados a sospechar de una connivencia entre Dato y José Alperovich, de un pacto judicial-político para que todos los casos que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo o a sus socios queden impunes", denunció.
Su principal crítica fue contra el fiscal Guillermo Herrera.
Tras la reforma constitucional de 2006, se incorporó en el texto de la Carta Magna provincial una mención especial en la que se destaca a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático (artículo 43). Pero a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional (artículo 38 de la Constitución de 1994), en Tucumán las normas no obligan al Poder Ejecutivo a colaborar económicamente con el sostenimiento de las fuerzas provinciales.
Esto obliga a los interesados a solventar de sus propios bolsillos el costo que implica la formación de un partido político. Según muchos de los dirigentes que gestionaron su propio sello político ante la JEP, los gastos pueden ser ínfimos o elevados, según la pretensión de cada uno. Así, explican, con $ 1.000 basta para completar los trámites oficiales; pero la cifra puede trepar a $ 5.000 o más si se quieren adosar otros servicios.
La cifra varía, también, según el rango del partido en cuestión, ya que algunos dirigentes optan por contratar personal que recorra sus zonas de influencia para llenar las fichas. Esta tarea, por ejemplo, se paga entre $ 10 y $ 15 por día. Y el costo de este servicio guarda relación con el número de afiliaciones que se deban conseguir. Un partido provincial, por ejemplo, demanda un piso de unas 3.700 fichas; mientras que uno de alcance municipal en Yerba Buena, por ejemplo, exige de apenas 170 afiliaciones. Pero en ninguna de las 93 comunas rurales se necesita confeccionar un padrón interno que reúna a más de 50 vecinos.
Como la Junta Electoral sólo proporciona un modelo de ficha, la impresión corre por cuenta del interesado. En este caso, imprimir unas 1.000 fichas de afiliación (en blanco y negro) cuesta alrededor de $ 250. Paralelamente, se debe designar un apoderado legal (como muchos de los impulsores ocupan cargos públicos, cuentan con asesores para hacer la tarea), establecer una sede y constituir domicilio. Esto obliga, en muchos casos, a alquilar oficinas o un local más amplio. Otro gasto ineludible es la confección de los sellos institucionales para las autoridades (por lo general, cinco). El precio por cada uno oscila entre $ 20 y $ 25.
Algunos dirigentes, por ejemplo, optaron por contratar a consultoras especializadas, lo que encarece aún más el trámite. Definir un nombre para el partido, elaborar una marca y diseñar un logo distintivo puede costar aproximadamente $ 5.000.
En una campaña
15.000 afiches suele encargar un postulante a legislador o concejal. Los más baratos, a color y en papel doble sábana, cuestan entre $ 0,70 y $ 1.
$ 1.200 a $ 1.500
cuesta la producción de un corto televisivo. Los programas de TV por cable suelen cobrar $ 500 mensuales por la publicidad proselitista.
$ 7 a $ 10
es el costo de cada remera estampada. Por lo general, se compran entre 100 y 400 unidades, según el candidato.
$ 50
es el precio mínimo de un pasacalles, pero los de mejor calidad cuestan $ 150.
$ 200
cuesta el alquiler de un equipo de sonido para actos proselitistas.
$ 45.000
aproximadamente cuesta la impresión de un millón de votos. Por lo general, un partido provincial imprime entre tres y cuatro veces el total de votantes (de tres a cuatro millones de boletas, aproximadamente).
$ 20
por cada encuestado cuesta encargar un sondeo. En general, se recomiendan consultar entre 300 y 600 personas.
$ 200.000
es el costo total estimado de una campaña austera para legislador.
Accionan en la Justicia Federal contra la junta electoral del PJ
La línea peronista que lidera Olijela del Valle Rivas intentó ayer presentar en la Justicia Federal Electoral un recurso de apelación contra la decisión de la junta electoral del PJ, que la excluyó de competir en los comicios internos. El escrito no fue recibido porque era un día inhábil, por lo cual será formalmente ingresado el lunes. Sin embargo, se dejó constancia por escribano público de la situación, para poder hacer uso de los derechos políticos.La estrategia judicial está habilitada por la ley 23.298 (Orgánica de Partidos Políticos), que dispone que el juez federal electoral Jorge Parache es el competente para entender en estas cuestiones.
La junta del PJ rechazó la lista de Rivas con el argumento de que no tenía los avales exigidos, lo que fue terminantemente desmentido por el apoderado de ese sector, Carlos Brito. "La documentación fue recibida en mano propia por Marcelo Caponio; se los di yo y él los contó personalmente. Tengo más de 40 testigos que serán ofrecidos a Parache. La junta no recibía ningún papel si antes no chequeaba que estuviesen todos los avales exigidos y hay pruebas de ello", señaló.
Brito señaló que pretenden que Parache revoque la resolución de la junta por ser absolutamente arbitraria y no estar a derecho, y ordene la inclusión del sector de Rivas en la interna. Aparte de este planteo estrictamente civil, adelantó que harán una denuncia penal en la Justicia provincial contra los responsables electorales del PJ por desbaratamiento de derecho, falsedad ideológica y destrucción de documentación.
Ayer también, los dirigentes quisieron presentar copia de los avales en el partido, pero no había ninguna autoridad para recibirlos.
Encuentro Social se presentará en Yerba Buena
El partido Encuentro Social (ES) tiene personería política, pero limitada al municipio de Yerba Buena. La agrupación kirchnerista postulará a José Domián como intendente de esa ciudad. "Nos proponemos integrar Yerba Buena con políticas de empleo para quienes fueron marginados y excluidos en sus oficios. El principal desafío es mejorar la seguridad ciudadana, para lo cual se debe rearticular la organización municipal", afirma Domián. Quiere también convocar a comicios del cuerpo estatuyente municipal (debe dictar la Carta Orgánica) y continuar con las obras públicas.
Bussi (h) fustiga la política oficial de seguridad
La estrategia en materia de seguridad sigue siendo el principal flanco de críticas de los opositores al Gobierno. "Es evidente que José Alperovich no tuvo la más mínima idea de cómo se debe tratar un tema de Estado", aseveró el titular de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. El candidato a gobernador dijo que Alperovich se burla de la gente cuando afirma que, en los próximos 90 días, se avanzará en la lucha contra la inseguridad. "¿Qué estuvo haciendo durante estos tres años y medio de gestión? ¿Sólo se acuerda de la inseguridad cuando falta poco para las elecciones?", fustigó Bussi (h).
Exigen a Dato que separe a los jueces corruptos
El legislador radical, Juan Roberto Robles, le reclamó al titular de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Dato, que separe de inmediato de sus cargos a los fiscales y a los jueces corruptos y disponga auditorías en sus despachos para que no le hagan daño a la sociedad. "Estamos autorizados a sospechar de una connivencia entre Dato y José Alperovich, de un pacto judicial-político para que todos los casos que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo o a sus socios queden impunes", denunció.
Su principal crítica fue contra el fiscal Guillermo Herrera.
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