El Poder Ejecutivo no logra convencer al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, acerca de que el máximo tribunal no puede entender en las causas planteadas respecto de la vigencia de cinco leyes aprobadas por la Legislatura y resistidas desde Casa de Gobierno.
De Mitri reivindicó el jueves (por segunda vez en tres días) la competencia de la Corte provincial para entender en este asunto. Esta vez dictaminó contra el PE en la acción meramente declarativa de certeza impulsada por el legislador Ernesto Padilla, ex FR y hoy Recrear. Como los argumentos esgrimidos por el Gobierno (incompetencia de la Corte y falta de legitimación activa de los presentantes) eran iguales a los interpuestos en la causa de Carlos Canevaro, se remitió a la opinión vertida en este último expediente, que fue el primer rechazo que tuvo la estrategia oficial.
El ministro fiscal descalificó al PE y remarcó la potestad de los máximos jueces de la provincia para resolver sobre el fondo de la cuestión, mientras que consideró que la falta de legitimación de los denunciantes debía ser resuelta en otra oportunidad, y que ese planteo no podía frenar el trámite. Agregó que, por razones de economía procesal, la Corte debía avanzar en todos los expedientes sometidos a tratamiento, ya que están vinculados por la conexidad en sus pretensiones.
El funcionario judicial espera ahora recibir la acción de inconstitucionalidad impulsada por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri, sobre la cual el PE también interpuso las mismas objeciones, para poder emitir su dictamen no vinculante. En este caso, si bien el fondo de lo buscado es similar (la vigencia de las normas), la táctica es diferente.
Mediante esas causas se debaten el reconocimiento del 82% móvil en los haberes de los jubilados transferidos; disposiciones electorales (voto electrónico, prohibición de prácticas clientelares y limitación al acople); cambios a la autarquía financiera en el Estado y la normalización de los entes públicos intervenidos.
Defensa partidaria
Otra causa en estudio es la de Ciudadanos Independientes (CI), cuyos referentes, Rodolfo Danesi y Pablo Berarducci, defendieron la competencia de la Corte para decidir sobre los planteos realizados. “Existe un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; para resolverlo, necesariamente debe entender el máximo tribunal provincial”, aseveraron.
El último expediente ingresado sobre el tema fue firmado por Esteban Jerez, Roberto Palina y Ariel García, y aún no fue resuelto por la Corte, ni comunicado al PE.
De Mitri reivindicó el jueves (por segunda vez en tres días) la competencia de la Corte provincial para entender en este asunto. Esta vez dictaminó contra el PE en la acción meramente declarativa de certeza impulsada por el legislador Ernesto Padilla, ex FR y hoy Recrear. Como los argumentos esgrimidos por el Gobierno (incompetencia de la Corte y falta de legitimación activa de los presentantes) eran iguales a los interpuestos en la causa de Carlos Canevaro, se remitió a la opinión vertida en este último expediente, que fue el primer rechazo que tuvo la estrategia oficial.
El ministro fiscal descalificó al PE y remarcó la potestad de los máximos jueces de la provincia para resolver sobre el fondo de la cuestión, mientras que consideró que la falta de legitimación de los denunciantes debía ser resuelta en otra oportunidad, y que ese planteo no podía frenar el trámite. Agregó que, por razones de economía procesal, la Corte debía avanzar en todos los expedientes sometidos a tratamiento, ya que están vinculados por la conexidad en sus pretensiones.
El funcionario judicial espera ahora recibir la acción de inconstitucionalidad impulsada por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri, sobre la cual el PE también interpuso las mismas objeciones, para poder emitir su dictamen no vinculante. En este caso, si bien el fondo de lo buscado es similar (la vigencia de las normas), la táctica es diferente.
Mediante esas causas se debaten el reconocimiento del 82% móvil en los haberes de los jubilados transferidos; disposiciones electorales (voto electrónico, prohibición de prácticas clientelares y limitación al acople); cambios a la autarquía financiera en el Estado y la normalización de los entes públicos intervenidos.
Defensa partidaria
Otra causa en estudio es la de Ciudadanos Independientes (CI), cuyos referentes, Rodolfo Danesi y Pablo Berarducci, defendieron la competencia de la Corte para decidir sobre los planteos realizados. “Existe un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; para resolverlo, necesariamente debe entender el máximo tribunal provincial”, aseveraron.
El último expediente ingresado sobre el tema fue firmado por Esteban Jerez, Roberto Palina y Ariel García, y aún no fue resuelto por la Corte, ni comunicado al PE.







