Ediles insisten en autorizar un polémico surtidor de GNC

El sitio elegido es una tentación para cualquier emprendimiento comercial, sobre todo si trata de una estación de GNC. Por día circulan 47.000 vehículos en la esquina de Casal. Es allí donde el empresario Manuel Rodríguez pretende construir su empresa de combustible.
El negocio todavía no cuenta con autorización oficial de la Municipalidad de la capital; pero la obra no sólo ya comenzó a construirse, sino que avanza sin impedimentos. El emprendimiento parece tener un cierto respaldo político de un grupo de concejales que sucesivamente, en tres oportunidades, votó a favor de la instalación de ese local.
La idea surgió en 2005, cuando un grupo de ediles de la capital aprobó la autorización de su emplazamiento en avenida 24 de Septiembre 1.347, casi esquina avenida Bartolomé Mitre. De inmediato, surgieron las voces de rechazo. "No debería autorizarse ningún emprendimiento de esas características sobre la calle de mayor circulación de la ciudad. Eso demuestra una total falta de entendimiento sobre la problemática urbanística de la capital", advirtió -en mayo de 2005- el Colegio de Arquitectos, a través de su referente, Julio Middagh.
Esa opinión se transformó en un obstáculo, ya que el intendente, Domingo Amaya, firmó -en aquel momento- el primer veto con el argumento de que se pretendía beneficiar a intereses particulares. El caso había generado tantas fricciones políticas que los ediles que defendían el proyecto del surtidor amenazaron -en 2005- con interpelar al secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde; pero después se desistió de esa idea.
Luego, el 21 de diciembre de 2006; mientras los tucumanos se preparaban para celebrar la Navidad, los concejales Juan Carlos Mamaní y José Miranda propusieron su autorización por medio de un proyecto de resolución. Sin embargo, desde la intendencia se ignoró esa votación, ya que sólo se trataba de una resolución.
El principal cuestionamiento legal está determinado en la ordenanza 2.689, de 1998, que establece que todo proyecto deberá incluir un estudio de impacto ambiental que pudiera ocasionar. Impone, además, que esos estudios deberán presentarse en forma conjunta con la solicitud de factibilidad ante el Ejecutivo municipal. También especifica que en caso de que las obras se inicien sin autorización serán suspendidas.

La última palabra
En enero de este año, iniciaron la construcción del surtidor, pese a que no tenía habilitación. En la última sesión del Concejo Deliberante, realizada el jueves, el mismo grupo de concejales volvió otra vez a embanderar el proyecto; en este caso se aprobó como ordenanza (Ver "La controversia"). Es decir que el intendente Amaya tendrá la última palabra: firmar una vez más el veto o autorizar la instalación del surtidor con la promulgación.