Se complica el caso del funcionario ascendido

El lunes pasado, el gobernador José Alperovich y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, refrendaron el decreto 1.696/3 (ME), que designa como subinterventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) a Juan Caligari, quien, a la vez, retiene el cargo de jefe del departamento Jurídico del ente.Ese día, LA GACETA dio a conocer que se había reactivado una causa contra el funcionario. Ahora, trascendió que se solicitó la elevación a juicio de esa causa.El pedido es del fiscal penal de la V Nominación, Alejandro Noguera, en el marco de la querella contra Caligari formulada por dos gremialistas del Sepapys, confirmaron fuentes de la oficina judicial. Los sindicalistas acusaron al funcionario de la presunta comisión de defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario. Lo acusan de supuestas irregularidades en la compra de bonos profesionales, de la cual -según los denunciantes- habría surgido una diferencia a favor del denunciado.La cuestión es particularmente sensible por cuanto el propio Caligari, en un informe del 13 de julio de 2006, informa que prescribió una deuda de $ 53 millones de usuarios de la ex Dipos con el Estado porque el Sepapys no proveyó, justamente, de los bonos profesionales que se necesitaban para iniciar demandas de cobro, o para continuar con las ya entabladas. Este argumento fue desmentido, en el mismo expediente, desde la División de Contabilidad del ente.La causa estuvo radicada originalmente en la Fiscalía Anticorrupción, y recayó en la Fiscalía V tras la redistribución de expedientes que se realizó cuando fue cerrado aquel despacho.