La causa judicial contra la instalación de un gran salón con 1.000 máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Tucumán volvería a tener novedades luego de un largo tiempo sin activación. El expediente se tramita (desde diciembre de 2004) en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se dictó una medida de no innovar para que no se realicen obras que afecten el espacio verde del parque 9 de Julio.
El último escrito presentado por las partes involucradas (la Federación de Organizaciones Ambientalistas como actora y Casino Club como demandada, con participación en el trámite del Poder Ejecutivo) sobre la parte central de la cuestión en debate es de diciembre pasado. Desde entonces, sólo ingresó alguna nota que no hace al fondo de la cuestión sino a cuestiones procesales de menor peso.
La situación planteada en la Justicia motivó a Casino Club a desistir del emplazamiento en el Hipódromo, según declaraciones periodísticas de sus responsables; sin embargo, este cambio de criterio no fue formalizado en la causa. En setiembre del año pasado, la empresa (propiedad del empresario Cristóbal López) abrió un local con 300 tragamonedas en Adolfo de la Vega al 400. Pero, días pasados, trascendió que la rentabilidad no es la esperada y se evalúa un inminente traslado de las maquinitas a la zona céntrica, para ubicar en el lugar antes escogido el centro de convenciones que debe erigir de modo obligatorio, según la concesión dada por el Gobierno.
El nudo que frena todo avance judicial es el debate irresuelto sobre la producción de pruebas periciales, instrumentales y documentales. Los ambientalistas pretenden, entre otras medidas, que expertos evalúen el impacto que causaría montar un local para 1.000 tragamonedas en el principal paseo de la capital y que se consulte a entidades intermedias sobre esta propuesta, entre otras iniciativas. Los demandados se resistieron a esas medidas, que fueron planteadas a principios de 2006, al asegurar que existe un apto ambiental otorgado por el Consejo de Economía y Medio Ambiente de la Provincia, que los favorece.
En esta instancia, la Cámara se pronunciaría sobre la producción de las pruebas. Trascendió que el contenido de la resolución sería favorable a los actores, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Por el contrario, sólo les permitiría a los magistrados (Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo) acceder a más documentación para formar su criterio definitivo. Estas medidas dejarían de tener relevancia si Casino Club desiste definitiva y formalmente de instalarse en el hipódromo o si la concesión es renegociada (en ese caso, el juicio perdería su sustancia).
Una de las preocupaciones que hay en tribunales es que no se interprete cualquier decisión que se adopte desde una visión exclusivamente política, ni que sea usada por los involucrados tergiversando su sentido, como sería el extremo de que se la ponga de excusa para medidas de puro carácter empresario. En estos momentos, la relación entre López y el gobernador José Alperovich no pasa por su mejor momento, en especial por la exigencia de que se concreten las inversiones comprometidas en un pronto plazo.
El último escrito presentado por las partes involucradas (la Federación de Organizaciones Ambientalistas como actora y Casino Club como demandada, con participación en el trámite del Poder Ejecutivo) sobre la parte central de la cuestión en debate es de diciembre pasado. Desde entonces, sólo ingresó alguna nota que no hace al fondo de la cuestión sino a cuestiones procesales de menor peso.
La situación planteada en la Justicia motivó a Casino Club a desistir del emplazamiento en el Hipódromo, según declaraciones periodísticas de sus responsables; sin embargo, este cambio de criterio no fue formalizado en la causa. En setiembre del año pasado, la empresa (propiedad del empresario Cristóbal López) abrió un local con 300 tragamonedas en Adolfo de la Vega al 400. Pero, días pasados, trascendió que la rentabilidad no es la esperada y se evalúa un inminente traslado de las maquinitas a la zona céntrica, para ubicar en el lugar antes escogido el centro de convenciones que debe erigir de modo obligatorio, según la concesión dada por el Gobierno.
El nudo que frena todo avance judicial es el debate irresuelto sobre la producción de pruebas periciales, instrumentales y documentales. Los ambientalistas pretenden, entre otras medidas, que expertos evalúen el impacto que causaría montar un local para 1.000 tragamonedas en el principal paseo de la capital y que se consulte a entidades intermedias sobre esta propuesta, entre otras iniciativas. Los demandados se resistieron a esas medidas, que fueron planteadas a principios de 2006, al asegurar que existe un apto ambiental otorgado por el Consejo de Economía y Medio Ambiente de la Provincia, que los favorece.
En esta instancia, la Cámara se pronunciaría sobre la producción de las pruebas. Trascendió que el contenido de la resolución sería favorable a los actores, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Por el contrario, sólo les permitiría a los magistrados (Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo) acceder a más documentación para formar su criterio definitivo. Estas medidas dejarían de tener relevancia si Casino Club desiste definitiva y formalmente de instalarse en el hipódromo o si la concesión es renegociada (en ese caso, el juicio perdería su sustancia).
Una de las preocupaciones que hay en tribunales es que no se interprete cualquier decisión que se adopte desde una visión exclusivamente política, ni que sea usada por los involucrados tergiversando su sentido, como sería el extremo de que se la ponga de excusa para medidas de puro carácter empresario. En estos momentos, la relación entre López y el gobernador José Alperovich no pasa por su mejor momento, en especial por la exigencia de que se concreten las inversiones comprometidas en un pronto plazo.







